Culiacán, Sinaloa — El Congreso del Estado no es un tribunal, pero sí tiene una responsabilidad clara: definir si se retira o no el fuero a los funcionarios que enfrentan señalamientos. En el caso del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro, el proceso ya está en marcha y sin privilegios, aseguró Bernardino Antelo.
El coordinador del PRI en el Congreso fue enfático: ni el partido ni la legislatura protegerán a nadie. “El PRI ha sido muy claro: no vamos a encubrir nada que atente contra la legalidad y la transparencia. Queremos justicia y rendición de cuentas”, subrayó en conferencia de prensa.
Antelo confirmó que la Comisión Instructora, presidida por Rodolfo Valenzuela, ya determinó la procedencia del desafuero y notificó a los involucrados. El siguiente paso será una sesión privada con la participación de las y los 40 diputados, donde comparecerán tanto Vargas Landeros como García Castro.
Recordó que, por ley, este proceso se ha manejado con discreción para respetar el principio de presunción de inocencia, pero garantizó que cada paso ha seguido el marco legal.
“El Congreso no es juez, pero sí garantiza que ningún servidor público esté por encima de la ley. Si se trata de permitir que enfrenten un proceso en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano, no hay nada que debatir: la transparencia va primero”, concluyó.
