En un país donde el campo ha sido históricamente el motor silencioso de la economía nacional, excluir a Sinaloa del Plan de Comercialización del Maíz 2025 es no solo una afrenta política, sino una torpeza económica de alto costo. La reciente decisión del Gobierno Federal que preside CLAUDIA SHEINBAUM PARDO de marginar al estado sinaloense del esquema de precios de garantía para el maíz blanco deja al descubierto una alarmante falta de visión estratégica en la política agroalimentaria nacional.
Sinaloa no es un estado más en la producción de maíz: es el corazón del maíz blanco en México. Con alrededor de 550 mil hectáreas sembradas anualmente, representa cerca del 30% del total nacional de superficie destinada a este cultivo. Esto no es un dato menor: de aquí proviene buena parte del maíz que consumen las grandes ciudades, el que se transforma en tortillas, tamales y cientos de productos básicos que sostienen la canasta alimentaria del país.
La derrama económica que generan las siembras de maíz en Sinaloa supera los 35 mil millones de pesos anuales, considerando tanto la venta directa como los empleos indirectos que se activan en la cadena productiva: desde jornaleros hasta transportistas, pasando por agroindustria, servicios financieros y comercio local. Dejar fuera a este estado del esquema de comercialización no solo vulnera a los más de 25 mil productores sinaloenses, sino que envía un mensaje político peligroso: el campo organizado, tecnificado y productivo parece no tener cabida en la agenda del Gobierno.
El argumento oficial de que los subsidios se enfocarán en los pequeños productores del sur del país —loables sin duda— no debería significar el abandono del sector agrícola sinaloense, que ha demostrado eficiencia, productividad y sostenibilidad. En los hechos, el Gobierno Federal opta por una política de subsidios clientelares en lugar de una estrategia integral que garantice la autosuficiencia alimentaria.
La consecuencia inmediata será una crisis de rentabilidad para los agricultores sinaloenses. Sin un precio de garantía y en un contexto de sobreoferta global, los productores deberán vender a precios de mercado, muchas veces por debajo del costo de producción. La agricultura dejará de ser negocio, se reducirá la inversión en el campo y, como efecto dominó, se perderán empleos, se detendrá la economía regional y aumentará la migración rural.
Más allá del agravio económico, la omisión del Gobierno Federal en este plan revela una falta de entendimiento de la realidad agroindustrial del país. Excluir a Sinaloa del modelo de comercialización es también excluir al motor agrícola del noroeste, al Estado que ha demostrado que sí es posible hacer agricultura rentable, sostenible y tecnificada.
Si no se corrige el rumbo, el costo político llegará tarde o temprano, el gobernador RUBÉN ROCHA MOYA deberá actuar con rapidez para que esto sea posible, porque en el campo, como en la política, los olvidos se pagan caro.
SIN MAÍZ NO HAY PAÍS.
