Culiacán, Sinaloa.– Con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Sinaloa y aumentar las sanciones contra quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad.
La propuesta fue impulsada por los diputados Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, y recibió su primera lectura en la sesión de este martes en el Congreso del Estado.
Entre los cambios propuestos destaca el endurecimiento de penas, al establecer de tres a cinco años de prisión y multas de 100 a 400 días a quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia para evadir su responsabilidad como deudor alimentario.
Asimismo, la iniciativa plantea agilizar el proceso judicial para acreditar el incumplimiento de pago, eliminando la necesidad de un juicio familiar previo, y contempla medidas preventivas como la exigencia de una garantía de pago por parte del deudor ante la autoridad judicial.
En caso de que se incumpla con esta orden judicial, se otorgue falsamente la garantía o se omita, se propone imponer una pena de hasta cinco años de prisión y multas de 90 a 180 días.
“Proponemos reformas al Código Penal de Sinaloa que contemplen penas más severas, especialmente cuando los afectados son niñas, niños o adolescentes”, señalaron los legisladores del PAS, quienes insistieron en que la alimentación es un derecho humano básico.
Recordaron que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, lo que incluye la alimentación, el vestido y la vivienda.
La iniciativa fue turnada para su segunda lectura conforme al proceso legislativo.
