Culiacán, Sinaloa.– Integrantes de la Asociación Civil de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) manifestaron su rechazo a lo que califican como un uso indebido del Consejo Universitario para imponer medidas que afectan derechos laborales de trabajadores activos y jubilados, así como a la propuesta de crear un nuevo fideicomiso para el manejo de recursos.
En conferencia de prensa, la presidenta estatal de la asociación, Florina García, criticó que el Consejo Universitario esté abordando asuntos de carácter laboral que, aseguró, corresponden exclusivamente a instancias jurídicas.
“El Consejo Universitario no es un tribunal laboral. Es ilegal cualquier determinación que conlleve a lesionar o afectar el salario del personal sindicalizado, tanto académico como administrativo”, sostuvo García.
Los señalamientos surgen luego de que el pasado lunes, en sesión del Consejo, se acordara que en la próxima reunión se discutirá la posibilidad de suspender el salario a quienes interpongan demandas contra el proceso de reingeniería integral que impulsa la administración universitaria, mientras duren los juicios legales.
Florina García advirtió que esta postura vulnera derechos adquiridos protegidos por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, y exigió respeto al contrato colectivo.
Además, recordó que las autoridades universitarias, incluido el rector Jesús Madueña, enfrentan procesos judiciales por presunto desvío de recursos —como el caso de las facturas infladas por más de 535 millones de pesos—, sin que se haya suspendido su salario durante las investigaciones.
Por su parte, Gilberto Arias, integrante de la Coordinadora del Movimiento de Jubilados, acusó que el Consejo Universitario se ha convertido en un instrumento de represión contra quienes se oponen a las decisiones de la administración, mediante amenazas de retención salarial.
A su vez, Marco Antonio Medrano, jubilado administrativo, alertó sobre los riesgos de crear un nuevo fideicomiso para el manejo de fondos universitarios. Señaló que el anterior fracasó por la falta de transparencia y terminó trasladando una carga económica injusta a los trabajadores.
