La propuesta de la SEP de retirar o restringir los celulares en las escuelas merece una discusión seria, no una reacción automática. No se trata de decidir entre modernidad o atraso, entre tecnología o pizarrón. Se trata de una pregunta más profunda: ¿quién manda en el aula, el docente o la pantalla?
En México, el debate se abrió formalmente esta semana desde la propia Secretaría de Educación Pública, en el foro Más allá de las pantallas, donde la SEP planteó construir una regulación basada en evidencia y derechos humanos sobre el uso de tecnologías en las escuelas. No es un asunto menor ni una ocurrencia aislada: para finales de 2024, 79 sistemas educativos en el mundo ya habían impuesto restricciones al uso de smartphones en escuelas, según la UNESCO.
Y hay una razón de fondo. La evidencia internacional ya documentó algo que cualquier maestro sabe por experiencia: el celular no solo acompaña al alumno, también compite por su atención. La UNESCO ha advertido que la sola proximidad del teléfono puede distraer y afectar el aprendizaje, y la OCDE reportó con datos de PISA que 59% de los estudiantes en países OCDE dijo distraerse por el uso de dispositivos de otros compañeros en al menos algunas clases de matemáticas; además, quienes reportan esa distracción obtienen peores resultados académicos.
Visto así, la medida de la SEP parece lógica. Y, en parte, lo es.
Sí hay argumentos sólidos a favor de restringir celulares en las escuelas. El primero es pedagógico: menos interrupciones significan más concentración. La UNESCO cita estudios en Bélgica, España y Reino Unido donde retirar smartphones de la dinámica escolar mejoró resultados de aprendizaje, especialmente entre estudiantes con menor desempeño previo. Más recientemente, en Países Bajos, una evaluación oficial reportó que 75% de las secundarias observó mejor concentración, cerca de dos tercios notó mejor ambiente social y alrededor de un tercio reportó mejoría en el rendimiento tras la restricción.
El segundo argumento es social. La escuela no puede convertirse en una extensión caótica de TikTok, WhatsApp e Instagram. El aula debe ser un espacio para aprender a convivir, debatir, escuchar y pensar. Cuando cada pausa escolar queda colonizada por la pantalla, se reduce la conversación cara a cara, se debilita la vida comunitaria y se multiplica el riesgo de acoso digital, exposición indebida y dependencia tecnológica. La OCDE ha advertido también sobre riesgos asociados al uso digital excesivo, desde ciberacoso hasta impactos en el desarrollo socioemocional.
Pero aquí viene el matiz que la política pública no debe ignorar: prohibir no equivale automáticamente a educar.
Porque también hay evidencia que enfría el entusiasmo de quienes creen que bastará con decomisar celulares para rescatar a toda una generación. Un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Europe en 2025, con estudiantes de 30 secundarias en Inglaterra, encontró que las políticas restrictivas por sí solas no se asociaron con mejor bienestar mental, menor uso total del teléfono o mejores resultados académicos. En otras palabras: sacar el celular del salón no elimina el problema si el adolescente pasa el resto del día atrapado por la misma dinámica digital.
Ese es el punto clave. El celular en la escuela es apenas la punta del iceberg. El problema real es una cultura de hiperestimulación, consumo instantáneo y dependencia de la validación digital. Si el Estado cree que el problema termina en la mochila del estudiante, se equivoca. Y si los padres creen que toda la responsabilidad es de la escuela, también.
Por eso, en este debate hay que reconocer pros y contras.
Pros: mejora la atención en clase, fortalece la autoridad pedagógica del maestro, reduce interrupciones, puede mejorar el clima escolar y ayuda especialmente a alumnos con más dificultades de concentración o menor rendimiento. La evidencia internacional va en esa dirección, aunque con resultados distintos según el contexto.
Contras: una prohibición total puede ser torpe si no contempla emergencias, necesidades de accesibilidad, usos pedagógicos reales y diferencias por edad. También puede generar simulación —escuelas con veto en el papel y celulares encendidos en los hechos— o trasladar el problema fuera del aula sin resolver el fondo. Incluso investigaciones recientes señalan que las restricciones demandan tiempo operativo importante al personal escolar y no garantizan por sí mismas mejoras en salud mental o rendimiento.
Mi postura es clara: sí a la restricción, no al prohibicionismo simplón.
La SEP acierta al poner el tema sobre la mesa, porque no se puede seguir fingiendo que un niño con atención secuestrada por notificaciones está en igualdad de condiciones para aprender. Pero también erraría si convierte esta discusión en una medida espectacular, fácil de anunciar y difícil de sostener. Gobernar no es decomisar aparatos; gobernar es construir reglas sensatas.
La propuesta concreta debería ser esta: prohibición del uso recreativo del celular durante la jornada escolar en educación básica y media superior, con excepciones estrictamente reguladas para fines pedagógicos, salud, accesibilidad y emergencias, acompañada de tres acciones obligatorias: alfabetización digital para alumnos, capacitación para docentes y corresponsabilidad formal de madres y padres sobre el uso del teléfono fuera de la escuela. Esa política tendría que incluir protocolos claros de resguardo, canales de contacto para emergencias y evaluación semestral de resultados.
Porque el objetivo no debe ser demonizar la tecnología, sino ponerla en su lugar.
La escuela del siglo XXI no necesita más pantallas mandando sobre los maestros. Necesita tecnología con propósito, autoridad en el aula y una sociedad adulta capaz de entender que educar también implica poner límites. Retirar el celular del salón puede ser una buena decisión. Pero la verdadera tarea sigue siendo mucho más grande: devolverle a la educación el control del tiempo, de la atención y del sentido de aprender.
Soy Jaime Antonio Flores Urias
Jaime.flores@novaradio.mx
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