Los Mochis, Sin.- Mientras las familias sinaloenses lidian con rezagos en infraestructura y seguridad, la pasarela política hacia la gubernatura de 2027 parece haber comenzado de forma prematura y con cargo al erario. La Senadora Imelda Castro ha intensificado en las últimas semanas una agresiva estrategia de comunicación que, bajo el velo de “encuentros ciudadanos”, esconde un despliegue de recursos de origen opaco que apunta directamente a las urnas.
El ejemplo más reciente de este gasto desmedido ocurrió en Los Mochis, donde Castro encabezó un evento que distó mucho de ser una mesa de trabajo parlamentaria. Entre aplausos coreografiados y el estruendo de un mariachi en vivo, la senadora transformó un informe de actividades en una fiesta personal de grandes proporciones.
A pesar de que ella insiste en que estos eventos son financiados con presupuesto del Senado, la opulencia de la logística en el norte del estado ha levantado sospechas. ¿Cómo se justifica el pago de agrupaciones musicales y banquetes con dinero público destinado a la gestión legislativa?
A pesar de que la legisladora asegura que estos eventos forman parte de sus actividades parlamentarias y son financiados con presupuesto del Senado, la realidad en las calles cuenta una historia distinta. Las asambleas, plagadas de parafernalia, las paredes pintadas con sus siglas y la logística de alto costo, han sido criticadas por su falta de contenido legislativo.
“No hay gestión, no hay apoyos reales para los productores ni soluciones para la sequía; solo hay fotos y promesas de un futuro que todavía no le corresponde buscar”, señalan liderazgos locales que han observado el despliegue.
La frase de la discordia: “Sinaloa tendrá la primera gobernadora mujer en 2027”
El sesgo electoral alcanzó su punto máximo en su más reciente aparición, donde Imelda Castro ha abandonado la institucionalidad para lanzar una proclama claramente proselitista: “Sinaloa tendrá la primera gobernadora mujer en 2027”.
Esta declaración no solo confirma su ambición personal de cara al proceso electoral que se avecina, sino que coloca su estrategia al borde de la ilegalidad. Según la normativa electoral vigente en México, el uso de recursos públicos para la promoción personalizada con fines electorales constituye un delito grave, especialmente cuando se realiza fuera de los tiempos permitidos por el INE.
Expertos en materia electoral advierten que disfrazar la promoción personal como “diálogo ciudadano” es una táctica común, pero el nivel de gasto observado en esta ocasión resulta inexplicable. Si el dinero proviene efectivamente del Senado, estaríamos ante un desvío de fondos públicos para construir una candidatura; si el origen es externo, la falta de transparencia es igualmente alarmante.
Mientras la Senadora se concentra en pavimentar su camino a la silla estatal, el pueblo sinaloense sigue esperando que el presupuesto que ella devenga se traduzca en leyes y beneficios tangibles, y no solo en propaganda electoral disfrazada de servicio público.
