• Exigen regrese el subsidio del diésel y gasolina para el sector de la pesca
Culiacán, Sinaloa.- Más de 22 mil familias de pescadores, 554 cooperativas pesqueras y habitantes de 72 campos pesqueros de Sinaloa son víctimas de las políticas del gobierno federal morenista que canceló 23 programas de apoyo al sector pesquero, manifestó la diputada Paola Gárate, quien además exigió la comparecencia de la secretaria de Pesca ante el Congreso del Estado.
La legisladora expuso la brecha entre lo que paga el sector pesquero en impuestos y lo que recibe a través del único programa que sobrevive a las decisiones del gobierno federal: Bienpesca. Detalló que cada grupo de 20 pescadores paga a la tesorería federal 1 millón 434 mil 240 pesos anuales vía IEPS e IVA sobre combustible, mientras el programa Bienpesca apenas les retorna 160 mil pesos.
“El gobierno les quita nueve veces más de lo que les da”, señaló.
La diputada Paola Gárate tomó la tribuna del Congreso para denunciar la crisis que atraviesa el sector pesquero sinaloense tras el cierre de la temporada de camarón. Con datos de campo, nombres de dirigentes cooperativistas y cifras financieras concretas, la legisladora trazó un diagnóstico que calificó como “el resultado de una decisión política deliberada de abandono”.
Los pescadores cerraron una temporada que, en palabras de la diputada, “no se mide en estadísticas: se mide en más de 22 mil familias endeudadas, en cooperativas que venden sus terrenos para pagar al IMSS y en pescadores que salieron al mar y regresaron con las manos vacías”.
La diputada detalló que en el sur del estado la apertura de temporada el 25 de septiembre resultó inoperante por la ausencia de camarón con talla comercial.
Asimismo, denunció la eliminación de 23 programas federales de apoyo al sector pesquero, incluido el subsidio al combustible, así como la cancelación de compromisos del gobierno estatal: plantas procesadoras de moluscos bivalvos sin construir, un laboratorio prometido que no se ha edificado y las 120 nuevas unidades de producción anunciadas que no se han ejecutado.
En Boca del Río, Guasave, cooperativas han comenzado a perder terrenos y equipos por embargos del IMSS. La cooperativa local vendió la mitad de un terreno para cubrir un adeudo y perdió un tanque de almacenamiento.
Ante el pleno del Congreso, la diputada Gárate Valenzuela planteó demandas concretas: que la CONAPESCA determine las fechas de inicio y cierre de temporada junto con las organizaciones pesqueras, no sobre ellas, y que el esfuerzo pesquero se regule con criterio científico y con participación de quienes conocen el recurso.
También pidió combatir con efectividad la pesca furtiva, garantizar la seguridad pública en comunidades costeras y, de manera urgente, reactivar los 23 programas federales desaparecidos, priorizando el subsidio al combustible.
Asimismo, solicitó que el titular de la CONAPESCA se reúna con las cooperativas para definir nuevos programas de apoyo y que la secretaria de Pesca del Estado de Sinaloa comparezca ante el Congreso para informar sobre el presupuesto real que requiere la dependencia para operar.
“La pesca de Sinaloa no puede morir por decreto de indolencia. La deuda no es con nosotros: es con 22 mil familias que salieron al mar a trabajar y merecen un gobierno que trabaje con ellas”, finalizó la legisladora Paola Gárate.
