Culiacán, Sinaloa.– El diputado del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, sostuvo que la iniciativa de nueva Ley de Transparencia para Sinaloa aún se encuentra en etapa de análisis y negó que exista la intención de limitar el acceso a la información pública o proteger a funcionarios señalados.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa explicó que la propuesta forma parte del proceso de armonización con las reformas federales aprobadas tras la desaparición del organismo nacional de transparencia, por lo que aseguró que el Poder Legislativo mantiene abierto el diálogo con colectivos, especialistas y ciudadanos para realizar ajustes al documento.
Valenzuela Sánchez afirmó que no existe una versión definitiva de la iniciativa y rechazó las acusaciones sobre posibles “vicios ocultos” o un supuesto blindaje al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
“No hay un planteamiento final, la propuesta sigue enriqueciéndose y escuchando opiniones”, expresó.
Sobre la reunión reciente entre diputados y organizaciones civiles, donde algunos colectivos abandonaron el encuentro tras denunciar falta de apertura, el presidente de la Comisión de Transparencia aseguró que sí hubo participación y espacio para las distintas posturas. Señaló que durante la mesa de diálogo intervinieron ciudadanos, especialistas y legisladores, además de que las propuestas podrán seguir presentándose ante el Congreso.
El diputado criticó que el debate se lleve al terreno político y consideró que algunos actores han intentado radicalizar la discusión alrededor de la reforma. En ese sentido, pidió centrar el análisis en el contenido de la ley y no en intereses partidistas.
Uno de los puntos que más controversia ha generado es el plazo de respuesta a solicitudes de información, particularmente el periodo de 20 días contemplado en la propuesta. Sin embargo, Valenzuela argumentó que dicho mecanismo responde a parámetros establecidos dentro de la plataforma nacional y no a una decisión discrecional del Gobierno estatal.
El legislador añadió que la intención es fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y mantener vigente el derecho ciudadano a acceder a información pública, por lo que insistió en que las observaciones de colectivos y expertos serán revisadas antes de presentar una versión final de la iniciativa.
