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Presenta Gobierno de México Plan Integral para atender conflicto histórico en la Bahía de Ohuira 

Por Redacción
4 agosto 2026
3 Leer Min
Presenta Gobierno de México Plan Integral para atender conflicto histórico en la Bahía de Ohuira 
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La propuesta incorpora acciones ambientales, sociales, productivas y de protección civil construidas a partir de los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo entre comunidades, autoridades y empresa. 

Los Mochis, Sinaloa. – El Gobierno de México presentó un Plan Integral para la Bahía de Ohuira, resultado del proceso de diálogo impulsado desde junio entre autoridades federales, estatales, representantes comunitarios, pueblos indígenas y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) 

Durante la presentación, Mauricio Rodríguez Alonso, representante del Gobierno de México para la atención de este conflicto, señaló que la propuesta genera condiciones de desarrollo sostenible para las comunidades de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo, mediante acciones orientadas a la conservación ambiental, el fortalecimiento del bienestar comunitario, la protección civil y el impulso a las actividades productivas locales. 

Rodríguez Alonso subrayó que el documento no es una propuesta unilateral del Gobierno Federal, sino el resultado de las aportaciones realizadas en las mesas de diálogo por comunidades, integrantes del colectivo ambientalista, dependencias gubernamentales y representantes de la empresa. 

Entre las acciones planteadas destaca la elaboración de una nueva línea base ambiental con participación comunitaria, la creación de un Comité Comunitario de Vigilancia para supervisar el cumplimiento de las medidas ambientales y un programa integral de restauración de la Bahía de Ohuira, que incluirá monitoreo permanente de la calidad del agua, saneamiento ambiental, conservación de manglares y protección de especies. 

Asimismo, el plan contempla modificaciones relacionadas con la captación y descarga de agua vinculadas al proyecto industrial, con el propósito de fortalecer las medidas de protección ambiental y garantizar la participación de las comunidades en los procesos de supervisión técnica. 

En materia de derechos indígenas, se prevé la instalación de mecanismos permanentes de diálogo, atención a planteamientos relacionados con la representación de autoridades tradicionales y revisión de diversos asuntos jurídicos expuestos por las comunidades durante el proceso de consulta. 

La propuesta también incorpora un componente de protección civil que contempla el fortalecimiento de capacidades de respuesta ante emergencias, supervisión permanente de riesgos industriales y la elaboración de un plan regional de protección civil para la zona. 

En el ámbito económico, el documento plantea apoyos para la actividad pesquera mediante programas de repoblamiento de especies, equipamiento productivo y mecanismos para mejorar la comercialización de productos como callo y jaiba.  

Asimismo, considera esquemas que permitan facilitar el acceso de productores agrícolas de la región a fertilizantes en condiciones más competitivas. 

Como parte del componente social, se anunciaron proyectos orientados al mejoramiento de vivienda, ampliación de infraestructura de agua potable y drenaje, alumbrado público, rehabilitación de caminos y espacios comunitarios, así como apoyos a instituciones educativas de la región. 

Uno de los instrumentos contemplados es la integración de un fideicomiso con participación comunitaria para administrar recursos destinados al desarrollo regional y dar transparencia a la aplicación de los apoyos acordados. 

Mauricio Rodríguez informó que el Gobierno de México se encuentra preparado para iniciar la implementación de las acciones planteadas; sin embargo, precisó que las comunidades y el colectivo participante realizarán un proceso de análisis y socialización del documento. 

El funcionario destacó la disposición mostrada por todas las partes durante las mesas de trabajo y afirmó que la prioridad del Gobierno Federal es continuar privilegiando el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la construcción de acuerdos que contribuyan a fortalecer la confianza y la convivencia en la región. 

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