Tras una audiencia que duró más de 15 horas, el juez de control Mario Elizondo Martínez determinó vincular a proceso al exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
La defensa intentó evitar la vinculación al presentar 31 datos de prueba que buscaban de desestimar las imputaciones de dos testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) que testificaron que, Aguirre Rivero había ordenado ocultar y destruir los discos los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala y toda evidencia relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014.
El abogado defensor, Guillermo Barrradas, consideró que lograron demostrar que las pruebas presentadas por la FGR carecían de sustento por lo que lamentó la decisión del juez.
“Es una es una pena, es una lástima ver la fragilidad del sistema de justicia actualmente que estamos viviendo, ustedes presenciaron esta ardua audiencia en la que se desahogaron pruebas que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en en el momento en el que supuestamente le entregaron los videos que supuestamente mandó a destruir, entonces en nuestra opinión quedó clarísimo que demostramos eso”, lamenó el defensor.
A la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal del “Altiplano” asistieron padres de los normalistas, la FGR vincula al exmandatario guerrerense con los delitos de desaparición forzada y contra la administración de la justicia por no actuar para salvaguardar la seguridad de los jóvenes estudiantes.
El inicio del proceso judicial estaba programado para las 10:00 de la mañana del lunes 11 de agosto, pero tuvo un retraso y empezó pasadas las 12:45 del medio día y concluyó pasadas las 03:00 de la madrugada de este martes 12 de agosto.
La defensa presentó dos testigos a favor de exmandatario estatal, Jesús Martínez Garnelo y Felipe Martín Ornelas Rebollo, secretario de Gobierno del estado y coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo, respectivamente.
Ambos afirmaron que el lunes 29 de septiembre de 2014, Aguirre Rivero, “no se encontraba en el Guerrero”, la defensa presentó un oficio en el que supuestamente ese mismo día el mandatario se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“La fiscalía incluso en su desesperación pretendió ofrecer una geolocalización de un celular que ni siquiera era del señor Aguirre y que ni siquiera demostraba que estaba en Chilpancingo ese número. Entonces bueno apelaremos y haremos un esfuerzo por por tratar de demostrar plenamente su inocencia en las próximas etapas”
Según los testimonios presentados como prueba de la FGR, la ex visitadora del Poder Judicial del Estado, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, sustrajo los videos de las oficinas de la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), Lambertina Galeana Marín, y los habría entregado al gobernador.
En dichos discos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, supuestamente quedó registrado el momento en que elementos de seguridad pública y civiles armados obligaban a los estudiantes de cambiar de un camión a otro para posteriormente retirarse del lugar. Ambas testigos aseguraron que fueron amenazadas por el propio Ángel Aguirre.
A pregunta de los reporteros sobre si la decisión del juez estuvo sujeta a la presión mediática del caso, el abogado defensor, Guillermo Barradas, prefirió responder que apelará la decisión del juez hasta el próximo lunes para apelar la decisión del juez, Elizondo Martínez.
“No quisiera hacer ese tipo de valoraciones, es lamentable el hecho y nos solidarizamos como defensa también con lo acontecido con los padres y es algo muy lamentable y que no debiera nunca más acontecer y ellos merecen precisamente que se investigue a profundidad y encontrar la verdad de eso es algún momento”, destacó.
Otra contradicción que identificaron los abogados del imputado es la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo”, líder de “Guerreros Unidos”, quien testificó que se grupo delincuencial, financió la campaña a la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero con la colaboración de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa quien también era amante del exmandatario.
Aseguraron que esa declaración no tiene valor probatorio ya que habían sido obtenidas bajo tortura, según concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ratificado por el propio juez, Samuel Ventura Ramos, quien en mayo del 2023 dictó sentencia absolutoria por el delito de delincuencia organizada, aunque sigue preso, la declaración del 2014 no tiene validez.
A pesar de las inconsistencias identificadas por la defensa, el juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al exgobernador Ángel Aguirre; la próxima audiencia quedó programada para el mes de diciembre para la integración y desahogo de pruebas correspondientes al caso.
Tras la ratificación de la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información relevante del caso Ayotzinapa, Ángel Aguirre permanecerá preso en el penal federal de Alta Seguridad del “Altiplano”.
Fuente: Latinus
