El regreso de RUBÉN ROCHA MOYA al Gobierno de Sinaloa no puede analizarse como un simple trámite constitucional. Tampoco como el retorno cotidiano de un mandatario después de una ausencia. Su vuelta a Palacio de Gobierno este viernes 21 de agosto ocurre después de 112 días de licencia y tras una de las crisis políticas más delicadas que haya enfrentado un gobernador sinaloense en décadas.
Y, sin embargo, había señales de que este momento llegaría.
Rocha se separó temporalmente del cargo el pasado 1 de mayo después de que autoridades de Estados Unidos formularan graves acusaciones en su contra y contra otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, señalándolos por una presunta colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa. La acusación estadounidense, dada a conocer a finales de abril, habló de presunto tráfico de narcóticos, protección institucional, sobornos y apoyo político. Rocha rechazó desde el primer momento cualquier vínculo con el crimen organizado.
La decisión de solicitar licencia tuvo entonces una lectura política doble.
Sus adversarios interpretaron la separación como señal de debilidad, mientras que el gobernador sostuvo que se retiraba temporalmente precisamente para no interferir en las investigaciones de la Fiscalía General de la República. En su mensaje de aquel momento afirmó tener la conciencia tranquila y aseguró que estaba dispuesto a enfrentar los señalamientos.
Más de tres meses después, ROCHA está nuevamente en funciones.
Y vuelve con un elemento políticamente fundamental: hasta ahora, las acusaciones no han derivado en México en elementos probatorios suficientes para proceder penalmente contra él.
Esto debe decirse con precisión. La acusación estadounidense no ha desaparecido y continúa siendo un asunto jurídico serio en Estados Unidos. Pero también es cierto que, desde el inicio del conflicto, las autoridades mexicanas sostuvieron que la solicitud proveniente del vecino país no estaba acompañada de elementos suficientes para justificar una detención provisional o una extradición inmediata. La propia FGR manifestó que no encontraba entonces fundamento ni evidencia que acreditara la urgencia de detenerlo.
Incluso la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM reiteró durante estos meses una posición que terminó convirtiéndose en el eje político del caso: si existen pruebas, se procede; pero deben existir pruebas acordes al sistema jurídico mexicano.
Ese principio es mucho más relevante de lo que parece.
Porque en tiempos de redes sociales, filtraciones, acusaciones internacionales y juicios mediáticos, resulta peligrosamente fácil confundir una imputación con una sentencia.
ROCHA fue colocado durante meses en el centro de una narrativa política devastadora. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos fueron suficientes para sacudir al Gobierno de Sinaloa, generar cuestionamientos dentro y fuera de Morena y abrir un frente de tensión diplomática entre Washington y México. Se documentó incluso que el caso provocó diferencias internas dentro del partido gobernante respecto a cómo debía manejarse políticamente al gobernador sinaloense.
Pero acusar no equivale a demostrar.
Y ese quizá sea uno de los puntos centrales de este regreso.
La política mexicana necesita acostumbrarse a una regla incómoda pero indispensable: ni la cercanía con el poder debe garantizar impunidad ni una acusación extranjera puede sustituir automáticamente el debido proceso mexicano.
El regreso de ROCHA, por lo tanto, representa también una reivindicación política del principio de presunción de inocencia.
No significa que todas las preguntas hayan desaparecido.
El gobernador todavía tendrá que enfrentar una sociedad sinaloense exigente. La seguridad continúa siendo el principal desafío del estado, las desapariciones siguen lastimando profundamente a cientos de familias y existe un desgaste acumulado por la violencia que Sinaloa ha experimentado durante los últimos años. Su vuelta al cargo no elimina esos pendientes. Por el contrario, aumenta la responsabilidad de ofrecer resultados.
Pero también sería políticamente injusto pretender que un mandatario permanezca indefinidamente separado del cargo únicamente porque existe una acusación que, hasta hoy, las instituciones mexicanas no han considerado suficientemente sustentada para proceder en su contra.
Rocha regresó este viernes con una actitud de aparente tranquilidad. Se reportó que retomó sus funciones afirmando volver con la “frente en alto”, después de que las autoridades mexicanas no encontraran elementos suficientes para respaldar las imputaciones estadounidenses.
Esa serenidad seguramente tiene varias explicaciones.
Una es jurídica.
Otra es política.
RUBÉN ROCHA sabe que todavía cuenta con respaldo dentro de MORENA y, más importante aún, que el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM ha convertido el respeto a la soberanía y al debido proceso en una línea política frente a Washington.
Ahora comienza probablemente la etapa más importante para RUBÉN ROCHA MOYA.
Ya no basta defenderse, sino que debe gobernar.
Su regreso necesita convertirse rápidamente en decisiones políticas, resultados en seguridad, atención a las víctimas, estabilidad económica y recuperación de gobernabilidad.
Porque después de semejante tormenta política, Rocha dispone de una oportunidad muy peculiar: demostrar desde el ejercicio del poder que el gobernador que vuelve no es solamente un político que sobrevivió a una acusación internacional, sino un mandatario capaz de recuperar el control de su agenda y cerrar su administración con resultados.
Sus adversarios continuarán cuestionándolo. Sería ingenuo pensar lo contrario.
Estados Unidos tampoco parece haber cerrado jurídicamente el expediente.
Pero hoy existe un hecho político incontrovertible: Rubén Rocha Moya vuelve a gobernar Sinaloa y lo hace sin que, hasta este momento, las autoridades mexicanas hayan encontrado elementos suficientes para proceder penalmente contra él por aquellas acusaciones.
Por eso su regreso estaba, en buena medida, anunciado.
Quizá ahora la discusión política deba abandonar por un momento los rumores y regresar al terreno donde siempre debió estar:
las pruebas.
Porque en una democracia seria nadie debe ser protegido por su cargo, pero tampoco condenado por titulares.
RUBÉN ROCHA vuelve a Palacio.
La historia determinará si este episodio termina fortaleciéndolo o si será solamente una tregua dentro de una batalla política mayor.
Pero desde hoy nuevamente tiene el poder en sus manos.
Y con él, también la obligación de demostrar que estos meses de ausencia no fueron solamente una defensa personal, sino el inicio de una etapa en la que Sinaloa necesita, quizá más que nunca, gobierno, resultados y estabilidad.
Soy Jaime Antonio Flores Urias.
