La llegada de Graciela Domínguez Nava al Gobierno de Sinaloa puede representar también una oportunidad para revisar, sin compromisos políticos ni complacencias administrativas, el funcionamiento de aquellas instituciones creadas para atender uno de los problemas sociales más delicados del estado: la violencia contra las mujeres.
La gobernadora ha marcado desde los primeros días una línea que parece sencilla, pero que tendría profundas implicaciones si verdaderamente se aplica: menos escritorio y más territorio. Domínguez Nava instruyó a su gabinete a recorrer los municipios y mantener contacto directo con la población. Ese principio debería alcanzar particularmente a las instituciones encargadas de atender y prevenir la violencia de género.
Y precisamente ahí debería comenzar una evaluación de gran calado.
Los Centros de Justicia para las Mujeres no fueron creados para convertirse en oficinas burocráticas, escaparates políticos ni plataformas para construir futuras candidaturas. Fueron creados para proteger mujeres, acompañarlas jurídica y psicológicamente, acercarlas a la justicia y, algo igualmente importante, contribuir mediante la coordinación institucional a evitar que la violencia llegue a sus expresiones más graves.
Sinaloa dispone actualmente de Centros de Justicia para las Mujeres en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, además de otras unidades de atención. Es una infraestructura importante que, bien utilizada, puede representar una verdadera red de protección para miles de sinaloenses.
Los números oficiales incluso muestran trabajo institucional: durante 2025 se reportaron 23 mil 722 personas atendidas y 84 mil 859 servicios proporcionados por los cuatro Centros de Justicia para las Mujeres. Son cifras que deben reconocerse.
Pero precisamente porque existe infraestructura, presupuesto, personal y una responsabilidad pública tan importante, ahora habría que ir más allá de las estadísticas.
¿Cuánto de ese trabajo está llegando verdaderamente al territorio?
Porque atender a una mujer cuando la violencia ya ocurrió resulta indispensable, pero prevenir que ocurra es igualmente importante.
Sería pertinente conocer cuántas colonias populares, sindicaturas, comunidades rurales, campos agrícolas, universidades, preparatorias y centros laborales han recorrido quienes coordinan estas instituciones; cuántas jornadas preventivas realizaron durante los últimos seis o doce meses; cuántas mujeres fueron capacitadas para identificar señales tempranas de violencia; cuántos hombres y jóvenes participaron en programas preventivos; y, sobre todo, cuáles fueron los resultados obtenidos.
La prevención no puede reducirse a una conferencia ocasional, una fotografía institucional o una publicación en redes sociales.
Hay actividades oficiales registradas, como el Taller de Crianza Positiva realizado simultáneamente en julio en los centros de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Ahome. Es positivo. Pero una política preventiva de la magnitud que requiere Sinaloa tendría que ser permanente, territorial, medible y públicamente evaluable.
Que se evalúe a quienes cobran del erario
La gobernadora tendría una buena oportunidad para ordenar una revisión integral de perfiles, resultados y desempeño de coordinadores, directores y funcionarios involucrados en esta política pública.
No debería tratarse de una cacería de funcionarios ni de una evaluación basada en filias políticas. Todo lo contrario.
Que permanezca quien tenga resultados.
Que continúe quien conozca el problema.
Que se fortalezca a quien verdaderamente esté recorriendo comunidades, atendiendo mujeres y construyendo estrategias preventivas.
Pero también que se revise a quien pudiera estar ocupando un puesto únicamente por relaciones políticas, esperando el siguiente proceso electoral o utilizando una institución tan sensible como escaparate personal.
Los cargos públicos no son propiedad de quienes los ocupan. Se pagan con dinero de los sinaloenses y, por tanto, deben generar resultados para los sinaloenses.
Y si algún funcionario o funcionaria pretende construir legítimamente una carrera política, está en su derecho, pero nunca utilizando recursos, estructuras, programas o instituciones gubernamentales como plataforma de promoción personal.
La prioridad debe ser institucional.
La política de género no puede hacerse desde un escritorio
Hay otro elemento que hace especialmente pertinente esta revisión.
El 27 de agosto, al encabezar la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Contexto de Violencia Feminicida, Graciela Domínguez sostuvo que su administración impulsará, junto con el Gobierno Federal, políticas públicas para las mujeres y reconoció la necesidad de mejorar los instrumentos institucionales para combatir la violencia de género.
Esa definición obliga.
Porque difícilmente podrá fortalecerse una política pública si quienes tienen la responsabilidad territorial no abandonan periódicamente la comodidad de las oficinas.
En el norte de Sinaloa tendría que sentirse con mayor intensidad la presencia preventiva de estas dependencias.
Ahome, Guasave, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos tienen comunidades rurales, zonas indígenas, campos agrícolas, colonias periféricas y sectores sociales donde muchas mujeres quizá nunca acudirán espontáneamente a un Centro de Justicia.
Entonces la institución tiene que ir hacia ellas.
Eso significa instalar módulos itinerantes, recorrer sindicaturas, entrar a escuelas, generar redes comunitarias, capacitar docentes, trabajar con empresarios, realizar campañas permanentes con adolescentes y jóvenes, coordinarse con ayuntamientos y construir mecanismos que permitan detectar la violencia antes de que una mujer termine convertida en una estadística.
Ahí debería materializarse la frase de la gobernadora:
Más territorio y menos escritorio.
Una evaluación que no le tenga miedo a los nombres
La nueva administración estatal tiene frente a sí la oportunidad de revisar estructuras heredadas sin asumir que todos deben irse, pero tampoco que todos merecen quedarse.
No se trata solamente de cambiar personas.
Se trata de evaluar resultados.
¿Cuántas acciones hicieron?
¿Dónde estuvieron?
¿Cuánto recurso ejercieron?
¿Cuántas comunidades visitaron?
¿Cuántas mujeres atendieron?
¿Cuánto destinaron a prevención?
¿Cuáles fueron sus indicadores?
¿Existe seguimiento de los casos?
¿Hay coordinación verdadera con Fiscalía, Salud, Educación, ayuntamientos y organismos sociales?
Y una pregunta adicional que nunca debe incomodar en una democracia:
¿El funcionario está dedicado a cumplir su responsabilidad pública o a construir su siguiente cargo político?
Que respondan los resultados.
Graciela Domínguez Nava ha comenzado su gobierno reivindicando cercanía y territorio. Si esa política habrá de convertirse realmente en sello de administración, tendrá que bajar desde el despacho de la gobernadora hasta la última coordinación regional.
Porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, la simulación administrativa cuesta demasiado.
Un cargo puede durar tres o seis años.
Una campaña política puede esperar.
La vida de una mujer, no.
Por eso la evaluación de los Centros de Justicia para las Mujeres no debería entenderse como una amenaza.
Debería entenderse como una obligación de Estado.
Y quien esté haciendo bien su trabajo no tendría absolutamente nada que temer.
