La crisis en la Alianza de Transporte Urbano y Suburbano de Los Mochis (ATUSUM) reventó. Concesionarios denunciaron presunta corrupción, carros fantasmas y una asamblea amañada para castigar a dos socias que se atrevieron a alzar la voz.
Los señalamientos son directos contra el secretario general Juan Francisco López Orduño, a quien acusan de manejar la organización sin transparencia, de rentar permisos inexistentes y de usar el poder para sacar camiones de ruta a quienes lo cuestionan.
El pleito estalló en una asamblea extraordinaria donde pretendían sancionar a las socias María del Carmen Castro Gutiérrez y Manuela Serena Carlón López por acudir a las reuniones.
“Fuimos citados, convocados a una asamblea para analizar la conducta de una compañera mía, de la señora María del Carmen Castro Gutiérrez y la mía. No quieren que asistamos a las asambleas, es un derecho que tenemos”, denunció Manuela Serena Carlón López.
El permisionario Fernando Verdugo Ayala aseguró que la denuncia es por exigir cuentas claras:
“La denuncia que pone mi presidente de vigilancia es por la exigencia de nosotros como permisionarios de que pida cuentas claras, no se las quieren dar hace tiempo. Lo único que pedimos que nos respalden, porque estamos pidiendo algo justo. Si se oponen a ellos, les sacan los camiones de trabajar”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Jorge Álvarez, respaldó a las mujeres señaladas y calificó la asamblea como una sentencia:
“Venimos a una asamblea amañada, extraordinaria, donde vienen a sentenciar una vez más a dos mujeres valientes que se atreven a denunciar la corrupción que existe aquí en el interior”.
Aseguró que el fondo del conflicto es la corrupción interna: “Son unas mujeres valientes que señalan toda la pudrición que hay en el sistema administrativo”.
Cabe recordar que el pasado jueves 2 de abril de 2026 se autorizó el aumento de la tarifa del transporte urbano en Los Mochis de 11 a 13 pesos, sin embargo, los concesionarios señalan que ni con este ajuste se ha logrado estabilizar el servicio, ya que actualmente solo operan 180 de los 303 camiones.
Los inconformes exigen auditoría y la destitución de la dirigencia.