Las elecciones de 2027 en Sinaloa no solamente pondrán a prueba la capacidad de convocatoria de los partidos políticos o el posicionamiento de quienes aspiren a una candidatura.
También abrirán una disputa menos visible, pero igualmente importante: la de la organización territorial, la lectura de los escenarios políticos y la experiencia de quienes conocen el funcionamiento de las estructuras electorales.
En ese terreno aparece un nombre que merece atención dentro del entorno político de Morena: Marco Antonio Osuna Moreno, mejor conocido como Marcos Osuna.
Su trayectoria tiene una característica particular. No se trata de un personaje que haya construido su experiencia exclusivamente desde el movimiento guinda.
Osuna proviene de la escuela política del PRI, donde fue dirigente municipal en Ahome, diputado local y candidato a la presidencia municipal bajo una coalición opositora. También desempeñó responsabilidades en el Gobierno del Estado durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.
Ese recorrido le permitió conocer procedimientos partidistas, dinámicas de negociación y formas de organización que durante años caracterizaron la competencia política en Sinaloa.
Y aquí aparece una lectura interesante. La política electoral también tiene algo de ajedrez: requiere conocer el tablero, identificar a los interlocutores, anticipar decisiones y comprender que cada movimiento puede modificar el escenario.
Marcos Osuna conoce desde dentro una parte de las estructuras y los métodos de operación del PRI, partido con el que estuvo vinculado durante buena parte de su carrera.
Ese antecedente puede resultar útil para comprender cómo se organizan los adversarios, aunque sería aventurado atribuirle actualmente una capacidad de operación electoral que no haya sido documentada.
Pero la experiencia de Osuna no se limita a las campañas. Su paso por el Congreso del Estado, las subsecretarías del Gobierno de Sinaloa y, actualmente, la Dirección de Vialidad y Transportes le ha permitido desenvolverse en distintos espacios de interlocución institucional.
A ello se suma un antecedente significativo: en 2021 participó como candidato de una coalición integrada por PRI, PAN y PRD.
Conoce, por tanto, la complejidad de coordinar intereses partidistas diferentes, aunque aquella experiencia también dejó una derrota electoral que forma parte de su trayectoria y de las lecciones que puede ofrecer.
Para Morena, la presencia de perfiles con ese recorrido plantea una cuestión interesante.
El partido reúne cuadros formados dentro de su propio movimiento y políticos provenientes de otras organizaciones, con experiencias y concepciones distintas sobre la manera de competir.
Esa combinación puede ampliar su conocimiento de los escenarios locales, pero también exige claridad sobre los principios, las responsabilidades y los límites de cada participación. La experiencia acumulada es un recurso político; su utilidad dependerá de cómo se incorpore a las decisiones colectivas.
Hay un detalle que no debe perderse de vista: Osuna conoce personalmente a actores que hoy participan en distintas fuerzas políticas. En 2021 compartió proyecto electoral con Mario Zamora Gastélum, mientras que posteriormente se incorporó al gobierno de Rubén Rocha Moya.
Esos antecedentes permiten entender la amplitud de sus relaciones políticas, sin que ello signifique que actualmente tenga encomendada alguna operación electoral específica.
Y es que una elección no se desarrolla únicamente en los discursos, las encuestas o las redes sociales.
También exige conocer la geografía política, comprender los intereses regionales, negociar diferencias y reconocer que las decisiones tomadas en un municipio pueden tener consecuencias en otros.
Es ahí donde las trayectorias de antiguos dirigentes y operadores adquieren relevancia para el análisis de cualquier partido.
Marcos Osuna representa, en ese sentido, una de las historias de transformación de las estructuras políticas sinaloenses: un cuadro formado en el PRI que hoy ocupa responsabilidades en un gobierno emanado de Morena. Su experiencia está documentada; el papel que pudiera desempeñar en 2027 todavía está por definirse. Además, cualquier participación electoral deberá mantenerse estrictamente separada de sus funciones y recursos públicos.
Porque en política, como en el ajedrez, conocer las piezas no equivale a tener resuelta la partida. Importa comprender el tablero, reconocer las decisiones del adversario y saber cuándo actuar.
Y rumbo a 2027, una de las conversaciones que merece atención no es solamente quiénes buscarán las candidaturas, sino quiénes participarán en la construcción de las estrategias y qué experiencia llevarán consigo.
Y ahí entra Marcos Osuna.
EN LA PALESTRA
La situación jurídica de la presidencia municipal de Culiacán ha colocado sobre la mesa una discusión que va más allá de la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil.
Después de seis meses de separación del cargo, el debate ya no se concentra únicamente en las razones que motivaron su ausencia, sino en las atribuciones del Cabildo, la eventual intervención del Congreso del Estado y la continuidad de Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Ayuntamiento.
Lo interesante es que una administración que ha mantenido su funcionamiento cotidiano enfrenta ahora una controversia sobre la definición formal de su conducción.
La regidora priista Érika Sánchez ha planteado que corresponde activar el procedimiento para determinar si la ausencia debe considerarse definitiva. Su postura encontró respaldo en la bancada del PRI, que exige certeza jurídica y una resolución institucional.
Del otro lado, Ana Miriam Ramos sostiene que la licencia permanece vigente mientras continúen las circunstancias que motivaron su autorización. Son interpretaciones distintas que merecen una revisión jurídica, sin convertir automáticamente la diferencia en una crisis de gobernabilidad.
Hay un elemento fundamental: el artículo 119 de la Constitución de Sinaloa establece la intervención del Ayuntamiento cuando la ausencia del presidente municipal supera diez días, pero no fija expresamente un límite de seis meses para esa licencia.
La controversia surge también por la interpretación de otras disposiciones sobre ausencias y sustituciones. Por ello, antes de hablar de una vacante definitiva, corresponde determinar qué norma resulta aplicable y cuál es el procedimiento legal que debe seguirse.
La posición del Congreso del Estado agrega otra pieza a este escenario. Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha señalado que el Poder Legislativo esperará una determinación formal del Cabildo antes de intervenir.
El planteamiento reconoce la autonomía municipal y establece una secuencia institucional que debe respetarse. Sin embargo, también coloca sobre los regidores la responsabilidad de analizar el asunto y ofrecer una respuesta jurídicamente fundada, evitando que la falta de una definición prolongue innecesariamente la controversia.
En medio de esta discusión aparece Ana Miriam Ramos Villarreal, cuya conducción del Ayuntamiento merece examinarse por separado. Su administración ha mantenido la operación municipal durante una etapa extraordinaria, pero esa continuidad no resuelve por sí misma las preguntas sobre la duración y los efectos de la licencia.
Tampoco existe necesariamente una contradicción entre reconocer su trabajo y solicitar que se precise jurídicamente su permanencia. Incluso desde el PRI se ha señalado que Ramos Villarreal no estaría impedida para continuar al frente del gobierno bajo la figura legal correspondiente.
Políticamente, el asunto tiene implicaciones para Morena rumbo a 2027. La resolución podría modificar los equilibrios internos del Ayuntamiento y abrir nuevas conversaciones sobre los liderazgos de Culiacán.
No obstante, sería prematuro interpretar la exigencia opositora como una maniobra destinada a provocar un relevo o asumir que la postura de Morena responde exclusivamente a cálculos electorales.
Las posiciones públicas permiten identificar una controversia institucional; las motivaciones particulares requieren pruebas.
Hay, finalmente, una cuestión que no debe perderse de vista. Culiacán enfrenta problemas de seguridad, servicios y recuperación económica que requieren decisiones continuas.
La discusión jurídica es necesaria, pero no debería desplazar las responsabilidades inmediatas del gobierno municipal. La ciudadanía necesita tanto estabilidad administrativa como certeza sobre la legalidad de quienes ejercen la autoridad.
Porque el verdadero dilema no consiste solamente en determinar si Juan de Dios Gámez regresa o si Ana Miriam Ramos continúa.
Consiste en demostrar que las instituciones pueden resolver sus diferencias mediante procedimientos claros, sin convertir cada interpretación de la ley en una disputa de poder.
Y ahí está el tema de conversación: Culiacán ha conseguido mantener una conducción administrativa durante una ausencia extraordinaria.
Ahora corresponde a sus autoridades demostrar que esa continuidad también puede sostenerse sobre una definición jurídica clara.
La estabilidad y la legalidad no deberían presentarse como alternativas, sino como dos condiciones indispensables de un gobierno municipal.
RESPALDO
Juan Carlos Patrón Rosales continúa moviendo sus piezas dentro del proceso interno de Morena en Mazatlán.
Su reciente gira de medios por Culiacán y el encuentro con Imelda Castro Castro, coordinadora estatal para la defensa de la Transformación, permiten observar una estrategia que combina presencia pública, organización territorial y acercamiento con los liderazgos del partido.
El exdiputado local no solamente mantiene su aspiración a la coordinación municipal, sino que ha ofrecido incorporar a su equipo Construyendo el Segundo Piso en Sinaloa a las tareas de conformación de comités seccionales.
Hay un detalle político interesante. Patrón busca vincular su proyecto municipal con las actividades de organización estatal que encabeza Imelda Castro.
Ese acercamiento puede facilitar la coordinación entre estructuras partidistas, aunque no significa que exista un respaldo de la dirigente estatal a su aspiración. Son dos cuestiones distintas que conviene separar, particularmente cuando Morena todavía tiene pendientes sus definiciones internas.
Tampoco puede ignorarse que Juan Carlos Patrón ha mantenido recorridos por sectores populares de Mazatlán, entre ellos los tianguis de las colonias Benito Juárez, Ricardo Flores Magón y Francisco Villa.
Su experiencia como regidor y diputado local forma parte de los antecedentes con los que se presenta ante la militancia. Sin embargo, el alcance de sus actividades deberá valorarse por la participación que efectivamente generen y por las propuestas que logre colocar en la discusión municipal.
En este escenario, la interrogante no es solamente quién mantiene mayor presencia pública, sino cómo se relacionarán los distintos aspirantes con la estructura estatal de Morena sin comprometer la imparcialidad del proceso interno.
Porque una cosa es respaldar las tareas de organización del movimiento y otra recibir el respaldo para encabezar una candidatura.
Juan Carlos Patrón ha expresado lo primero y mantiene su aspiración a lo segundo. La diferencia será importante cuando lleguen las definiciones rumbo a 2027.
CRITICA
La postura de Sergio “Pío” Esquer Peiro, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 introduce una discusión que merece atención: la diferencia entre anunciar inversiones y garantizar recursos para ejecutarlas.
Su exigencia de establecer partidas claras para seguridad, infraestructura y sectores productivos coloca sobre la mesa una preocupación recurrente en Sinaloa, donde las necesidades económicas y sociales requieren respuestas que puedan verificarse más allá de los discursos oficiales.
Hay un aspecto interesante en el planteamiento de Pío Esquer. Su insistencia en atender la comercialización agrícola, el financiamiento, los costos de producción y la disponibilidad de agua apunta a problemas que no se resuelven únicamente mediante apoyos extraordinarios.
El campo sinaloense necesita certidumbre para planear sus ciclos productivos, mientras que la pesca y la ganadería requieren políticas que consideren sus condiciones particulares.
La discusión presupuestal ofrece una oportunidad para contrastar esas demandas con las asignaciones y programas que finalmente se autoricen.
Políticamente, Movimiento Ciudadano encuentra en esta discusión un espacio para expresar sus posiciones sobre el desarrollo de Sinaloa.
Sin embargo, cuestionar el presupuesto también implica explicar qué recursos deberían reasignarse, cuáles serían las prioridades y cómo se medirían los resultados. Esa exigencia corresponde tanto a quienes gobiernan como a quienes plantean alternativas.
Porque el verdadero debate no debería concentrarse en quién anuncia más recursos o quién cuestiona con mayor insistencia su distribución.
La pregunta de fondo es cuánto dinero llegará efectivamente a Sinaloa, en qué se invertirá y qué resultados podrán comprobar los ciudadanos. Y ahí está una conversación que debe mantenerse abierta rumbo a 2027.
marcoantoniolizarraga@
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