La política tiene sus tiempos, sus formas y, sobre todo, sus circunstancias.
En Morena Mazatlán parece que algunos de sus protagonistas han comenzado a adelantar una discusión que tarde o temprano tendría que presentarse: quiénes tienen legitimidad para buscar la coordinación municipal y bajo qué criterios deberán medirse las aspiraciones.
Juan Carlos Patrón Rosales abrió el debate al pedir que algunos participantes reconsideren su permanencia en el proceso interno, particularmente aquellos que, desde su perspectiva, anteriormente estuvieron en contra de la Cuarta Transformación y ahora pretenden representarla.
El planteamiento no pasó inadvertido. Carlos Escobar Sánchez y Manuel de Jesús “Meny” Guerrero Verdugo respondieron que las decisiones corresponden a los órganos internos de Morena y consideraron desafortunadas las declaraciones de Patrón.
Y aquí comienza lo interesante, porque detrás de este intercambio no solamente aparecen diferencias entre aspirantes, sino dos maneras de entender la competencia política: una que pone el acento en la trayectoria y la congruencia ideológica, y otra que reclama respeto a las reglas y a los procedimientos establecidos por el partido.
Pero hay un detalle que no debe perderse de vista.
Morena ha construido buena parte de su presencia política mediante la incorporación de personajes provenientes de distintas organizaciones, algunos con antecedentes en partidos que anteriormente fueron sus adversarios.
Esa apertura forma parte de su historia reciente y plantea una contradicción que deberá resolver institucionalmente: si el movimiento acepta nuevos cuadros políticos, también necesita establecer con claridad cuáles son los requisitos para que puedan aspirar a representarlo.
La antigüedad partidista puede ser un antecedente relevante, pero no necesariamente constituye por sí misma un criterio suficiente para determinar una candidatura.
Juan Carlos Patrón tiene derecho a defender su trayectoria y expresar sus diferencias con otros participantes.
De la misma manera, Carlos Escobar, Meny Guerrero y los demás aspirantes tienen derecho a exigir que el proceso se desarrolle conforme a las disposiciones internas.
Lo que todavía no aparece con claridad es si los señalamientos de Patrón responden a situaciones específicas que puedan documentarse o si forman parte de una discusión política más amplia sobre la identidad del partido.
Esa diferencia importa, porque cuestionar trayectorias exige argumentos y no solamente apreciaciones.
Hay otro aspecto que merece observarse. Mientras Imelda Castro desarrolla actividades de organización territorial en Sinaloa y Morena busca ordenar sus estructuras rumbo a 2027, en Mazatlán comienza a hacerse visible una competencia interna con posiciones encontradas.
No necesariamente estamos frente a una fractura, pero sí ante diferencias que podrían adquirir mayor relevancia conforme se acerquen las definiciones.
La responsabilidad de la dirigencia será garantizar que todos los participantes conozcan las reglas y que las inconformidades encuentren cauces institucionales.
Porque al final, el problema no es que existan catorce aspirantes ni que algunos tengan trayectorias políticas diferentes.
La verdadera cuestión es si Morena cuenta con mecanismos suficientemente claros para evaluar a sus participantes sin convertir las diferencias personales en conflictos partidistas.
Y ahí está la lectura de fondo. Juan Carlos Patrón puso sobre la mesa una discusión que probablemente otros también consideran necesaria, mientras Carlos Escobar y Meny Guerrero recordaron que las decisiones no corresponden a los contendientes.
Ambas posiciones forman parte de un proceso que apenas comienza a mostrar sus tensiones.
En política, conocer las reglas es importante, pero respetarlas cuando no favorecen las aspiraciones propias es lo que termina poniendo a prueba la disciplina de cualquier organización. Y en Morena Mazatlán, esa prueba todavía está por venir.
ENCUENTRO
La política sinaloense comienza a mostrar movimientos que, sin necesidad de grandes anuncios, permiten entender cómo se están reconfigurando las relaciones entre los distintos grupos de poder rumbo al proceso electoral de 2027.
Uno de ellos es el reciente encuentro de Imelda Castro Castro con Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ricardo Madrid Uriarte, secretario general de la Sección 53, y Daniel Amador Gaxiola, uno de los referentes históricos del magisterio en Sinaloa.
Una reunión que, por los personajes involucrados y el momento en que ocurre, merece una lectura que vaya más allá de la fotografía.
Hay un antecedente que no debe perderse de vista. Días antes, Imelda Castro había participado en un encuentro con integrantes de Encuentro Cívico Magisterial, organización relacionada con Daniel Amador y Ricardo Madrid, donde se habló de las actividades territoriales que Morena desarrolla en los veinte municipios de Sinaloa.
Ahora, la presencia de Alfonso Cepeda incorpora a la conversación a la dirigencia nacional de uno de los sindicatos con mayor presencia organizativa en el país.
Son acontecimientos distintos, pero su cercanía permite identificar una interlocución política que se ha mantenido durante las últimas semanas.
Y aquí aparece un elemento particularmente interesante. Durante décadas, el magisterio sinaloense ha tenido una participación importante en la vida pública del estado.
Daniel Amador conoce los procesos electorales, las estructuras territoriales y la relación entre las organizaciones sociales y los partidos políticos. Ricardo Madrid, por su parte, representa una generación de dirigentes que ha tenido que desenvolverse en un escenario político diferente al que durante años caracterizó la relación del sindicato con el PRI.
Que ambos coincidan con Imelda Castro abre una conversación sobre la manera en que esos liderazgos se relacionan actualmente con Morena, sin que ello signifique que exista un acuerdo electoral formal.
Para Imelda Castro, la reunión ocurre mientras desarrolla una agenda de organización territorial que contempla 760 asambleas en Sinaloa.
En ese contexto, el diálogo con representantes de sectores sociales permite conocer inquietudes, establecer canales de comunicación y mantener relaciones con actores que tienen presencia en distintas regiones.
Sin embargo, conviene establecer una diferencia: la interlocución con dirigentes magisteriales no equivale al respaldo automático de los trabajadores de la educación, quienes mantienen sus propias preferencias políticas y derechos de participación.
También hay un asunto que merece observarse. La Sección 53 se encuentra ante un proceso de renovación de su dirigencia, circunstancia que introduce otra dimensión al encuentro.
Las decisiones sindicales corresponden a sus agremiados y deben mantenerse separadas de las definiciones partidistas.
Precisamente por eso, cualquier acercamiento entre dirigentes políticos y sindicales requiere distinguir las coincidencias institucionales de los compromisos electorales que, hasta ahora, no han sido anunciados públicamente.
Lo que sí puede advertirse es que Morena mantiene abiertos espacios de interlocución con personajes que conocen la historia política de Sinaloa y que han participado en diferentes etapas de su organización social.
Algunos provienen de estructuras tradicionalmente vinculadas con otros partidos; otros han desarrollado sus trayectorias dentro del movimiento que hoy gobierna.
Esa convivencia de experiencias forma parte de la transformación del mapa político estatal y también plantea preguntas sobre cómo se integrarán las distintas corrientes en los próximos meses.
Porque rumbo a 2027 no solamente estarán en discusión las candidaturas. También habrá que observar las relaciones entre los partidos, las organizaciones sociales y los liderazgos que históricamente han tenido presencia territorial.
La reunión de Imelda Castro con Alfonso Cepeda, Ricardo Madrid y Daniel Amador no permite anticipar acuerdos que no se conocen, pero sí muestra que esos canales de comunicación están activos.
Y en política, una fotografía puede registrar un encuentro; lo que ocurra después permitirá conocer su verdadero alcance.
CONDICIONES
La Universidad Autónoma de Sinaloa vuelve a encontrarse frente a un escenario financiero complicado, y esta vez la preocupación no solamente gira alrededor del pago de las quincenas, sino también de los aguinaldos y las prestaciones de fin de año.
El rector Jesús Madueña Molina ha planteado la necesidad de conseguir alrededor de mil 380 millones de pesos extraordinarios para cerrar 2026, una cantidad que refleja la presión que enfrentan las finanzas universitarias y que obliga a revisar un problema que se ha vuelto recurrente.
Hay un detalle que merece atención.
El Gobierno del Estado ha recurrido al adelanto de recursos para permitir que la institución cumpla algunos compromisos laborales, pero esa medida representa una solución temporal.
Adelantar dinero de diciembre para pagar octubre no significa disponer de mayores ingresos, sino trasladar la presión financiera de un mes a otro.
Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo podrá mantenerse este mecanismo sin afectar el funcionamiento de la universidad?
La situación también tiene una dimensión estructural. La UAS sostiene que alrededor del 94 por ciento de su presupuesto se destina a obligaciones de nómina, mientras que el sistema de jubilaciones representa una carga financiera considerable.
Son compromisos laborales que deben respetarse, pero cuya sostenibilidad requiere una discusión seria entre las autoridades universitarias, los sindicatos y los gobiernos federal y estatal.
No basta con solicitar recursos extraordinarios cada cierre de año; también es necesario conocer los resultados de las medidas de austeridad y reorganización administrativa anunciadas por la Rectoría.
Políticamente, el asunto coloca responsabilidades sobre distintas instituciones.
La Federación y el Gobierno del Estado tienen un papel fundamental en el financiamiento de la educación superior, mientras que la administración universitaria debe garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos y explicar con claridad el origen del déficit.
Convertir esta situación en una confrontación política no resolverá las necesidades de los trabajadores ni las de miles de estudiantes que dependen de la continuidad académica.
Porque el problema de la UAS no debería reducirse a conseguir dinero para terminar diciembre.
La verdadera discusión es cómo construir condiciones financieras que permitan comenzar 2027 sin repetir la misma incertidumbre.
Y ahí está el fondo del asunto: una universidad pública no puede vivir permanentemente entre adelantos presupuestales, gestiones extraordinarias y preocupaciones por la siguiente quincena.
La solución requiere recursos, ciertamente, pero también planeación, rendición de cuentas y decisiones institucionales que trasciendan las urgencias de cada cierre de año.
EXIGENCIA
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 abrió nuevamente un espacio para que el diputado federal Mario Zamora Gastélum colocara sobre la mesa las necesidades de Sinaloa.
Desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador priista cuestionó que un presupuesto de 10.6 billones de pesos prácticamente no haya sufrido modificaciones y que las propuestas relacionadas con seguridad, agricultura e infraestructura no encontraran respuesta en el dictamen.
Hay un aspecto que merece atención. Zamora no solamente expresó el rechazo de su bancada, sino que presentó comparaciones sobre los recursos destinados a las corporaciones de seguridad estatales y municipales, particularmente después de la desaparición del FORTASEG.
En una entidad que enfrenta una situación compleja de violencia, el planteamiento obliga a revisar si los fondos disponibles corresponden realmente a las necesidades de prevención, equipamiento y fortalecimiento policial.
Las cifras expuestas por el legislador deberán contrastarse con los anexos presupuestarios, pero la discusión sobre las capacidades de las policías locales resulta pertinente.
En materia agrícola, el señalamiento también toca una de las preocupaciones más importantes del sector productivo sinaloense: la diferencia entre los costos de producción y los precios de comercialización del maíz.
A ello se suma la ausencia de proyectos carreteros y ferroviarios que Zamora identificó en la cartera federal, particularmente el Tren Sinaloense y la carretera Topolobampo-Chihuahua.
Son asuntos que requieren seguimiento para determinar qué proyectos cuentan con financiamiento, cuáles permanecen en gestión y cuáles no fueron considerados.
Políticamente, Mario Zamora mantiene una agenda legislativa centrada en temas que tienen repercusiones directas en Sinaloa.
Su intervención también ocurre mientras participa en las conversaciones sobre una eventual alianza opositora rumbo a 2027, circunstancia que da una dimensión adicional a sus posicionamientos públicos.
Sin embargo, la valoración de sus argumentos debe descansar en la información presupuestaria y no solamente en el contexto electoral.
Porque cuestionar un presupuesto es parte de las responsabilidades de la oposición, pero también lo es presentar alternativas viables y explicar de dónde podrían obtenerse los recursos adicionales.
Del lado de la mayoría legislativa corresponde justificar las prioridades aprobadas y sus efectos sobre las entidades federativas.
Y ahí está el fondo del debate: más allá de los partidos, Sinaloa necesita conocer qué recursos recibirá, qué proyectos podrán ejecutarse y qué respuestas concretas ofrecerá el presupuesto federal a sus problemas de seguridad, producción e infraestructura.
La discusión no debería terminar con la votación del dictamen, sino continuar con la vigilancia de su aplicación y sus resultados.
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