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ANTECEDENTES

Por Redacción
18 noviembre 2026
10 Leer Min
EL CAOS
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Hay una diferencia sustancial entre anunciar que Sinaloa tendrá más recursos y demostrar que esos recursos serán suficientes para enfrentar los problemas que vive el estado. Esa es la discusión que comienza a tomar forma en el Congreso local, donde el presupuesto de 2027 todavía no llega formalmente, pero ya provoca posicionamientos, cuestionamientos y expectativas sobre el último tramo de la administración estatal.

El diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, pidió a los partidos de oposición evitar especulaciones sobre posibles recortes presupuestales. Su argumento tiene un fundamento institucional: mientras el Ejecutivo no entregue la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, resulta prematuro asegurar qué dependencias tendrán aumentos, cuáles enfrentarán ajustes y qué programas recibirán mayores recursos.

Sin embargo, la ausencia del documento no significa que deba suspenderse la discusión pública. Un presupuesto comienza a construirse mucho antes de llegar al Congreso, y las necesidades de la población no esperan a que los diputados tengan las cifras sobre sus escritorios. La oposición tiene derecho a plantear preocupaciones, así como la mayoría legislativa tiene la responsabilidad de responderlas con información verificable y no solamente con argumentos políticos.

Y aquí aparece una primera contradicción que merece atención. Mientras se pide prudencia para no anticipar recortes, desde la propia bancada de Morena se proyecta un presupuesto estatal cercano a los 85 mil millones de pesos para 2027. Ambrocio Chávez también habló de un incremento estimado del 3.5 por ciento en las participaciones federales y de recursos por aproximadamente 68 mil millones de pesos para el estado y sus municipios.

Las cifras pueden servir como referencia para el debate, pero todavía no constituyen un presupuesto aprobado. Si no es conveniente adelantar conclusiones sobre posibles reducciones, tampoco debería presentarse una expectativa de crecimiento como garantía de que habrá mayores recursos disponibles para todas las necesidades. Ambas posiciones requieren el mismo rigor.

Además, un incremento nominal no necesariamente representa una mejora real en la capacidad de gasto. La inflación, los compromisos laborales, las obligaciones financieras y los costos de operación pueden absorber una parte considerable de cualquier aumento. Lo importante no será únicamente conocer cuánto dinero ingresará a las arcas estatales, sino cuánto quedará disponible después de cumplir los compromisos existentes.

La discusión adquiere una dimensión distinta cuando se incorpora el tema de la seguridad. Sinaloa enfrenta una situación que ha afectado la tranquilidad de las familias, la actividad comercial, el transporte, la inversión y la vida cotidiana de numerosas comunidades. En esas condiciones, la seguridad no puede tratarse solamente como una partida más dentro del presupuesto.

Ambrocio Chávez destacó el respaldo federal y la inversión superior a 900 millones de pesos anunciada recientemente para fortalecer las capacidades de seguridad en la entidad. También mencionó recursos federales adicionales por más de nueve mil millones de pesos para este rubro, aunque será indispensable precisar a qué programas, ámbitos territoriales y periodos corresponden esas cantidades antes de considerarlas recursos directamente disponibles para Sinaloa.

Porque anunciar inversión en seguridad es importante, pero todavía más relevante resulta conocer cómo será utilizada. Cuántos elementos podrán incorporarse, qué tecnología será adquirida, cómo se fortalecerán las instituciones municipales, qué mecanismos de evaluación existirán y cuáles serán los indicadores para medir los resultados.

Una patrulla representa capacidad operativa; una cámara puede contribuir a la vigilancia; un sistema de inteligencia puede mejorar las investigaciones. Pero ninguno de esos instrumentos, por sí solo, garantiza una disminución de la violencia. La efectividad dependerá de la coordinación institucional, la capacitación, la continuidad operativa y la capacidad para transformar los recursos públicos en resultados verificables.

Hay otro asunto que no puede quedar fuera del análisis: las obligaciones financieras del Gobierno estatal. Ambrocio Chávez rechazó que los préstamos de corto plazo asciendan a 20 mil 800 millones de pesos y sostuvo que el monto correspondiente es de mil 110 millones 720 mil pesos.

La diferencia entre ambas cantidades es considerable y obliga a una explicación técnica. Antes de determinar cuál describe correctamente la situación financiera, será necesario conocer si se está hablando del saldo vigente, del total de operaciones contratadas durante un periodo o de conceptos distintos de financiamiento. Confundir flujos acumulados con obligaciones pendientes puede distorsionar cualquier discusión sobre deuda pública.

Pero tampoco basta con desmentir una cifra desde la tribuna. La Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso cuentan con instrumentos institucionales para transparentar los contratos, los vencimientos, las tasas, los saldos y los costos financieros. Esa información permitiría que el debate dejara de depender de declaraciones encontradas.

Y mientras los legisladores discuten ingresos, seguridad y financiamiento, existen otros compromisos que requieren respuestas presupuestales. La salud pública, la educación, la infraestructura, los servicios municipales y las demandas laborales de los trabajadores del estado forman parte de una agenda que difícilmente podrá atenderse mediante incrementos generales sin establecer prioridades.

El acercamiento anunciado con sindicatos y organizaciones sociales representa una oportunidad para conocer necesidades específicas. Sin embargo, escuchar no significa necesariamente incorporar cada solicitud al presupuesto. El verdadero ejercicio de responsabilidad consistirá en explicar qué demandas pueden atenderse, cuáles deberán programarse gradualmente y cuáles enfrentarán limitaciones financieras.

En este escenario también cobra importancia el Quinto Informe de Gobierno de Graciela Domínguez Nava. Su revisión y las comparecencias de funcionarios estatales durante diciembre permitirán contrastar los resultados del ejercicio anterior con las prioridades que se propongan para 2027.

El coordinador parlamentario de Morena, Eligio López Portillo, señaló que su bancada todavía no tiene una valoración definitiva del informe y que esperará las comparecencias para profundizar en el análisis. Esa postura abre la posibilidad de que el Congreso examine los resultados de la administración con información adicional antes de discutir las asignaciones del siguiente ejercicio.

Pero existe una responsabilidad que corresponde tanto a la mayoría como a la oposición. La revisión del presupuesto no debería convertirse únicamente en una disputa sobre quién defiende más recursos o quién advierte mayores riesgos. El trabajo legislativo exige determinar si las prioridades propuestas corresponden a los problemas del estado, si las estimaciones de ingresos son sostenibles y si las dependencias cuentan con mecanismos para evaluar el gasto.

También será importante observar la distribución territorial. Sinaloa no enfrenta necesidades idénticas en sus municipios. Las condiciones de seguridad, infraestructura, producción agrícola, actividad pesquera, turismo y servicios públicos presentan diferencias importantes entre el norte, el centro y el sur. Un presupuesto estatal debe reconocer esas particularidades y explicar los criterios con los que se distribuyen las inversiones.

La estimación de 85 mil millones de pesos puede convertirse en el punto de partida de una discusión relevante. Sin embargo, el tamaño del presupuesto no determina automáticamente su capacidad para mejorar las condiciones de vida. Un gobierno puede disponer de mayores ingresos y continuar enfrentando rezagos si los recursos no responden a prioridades claras o si su ejecución carece de seguimiento.

Por eso, el debate que está por comenzar debería concentrarse en tres asuntos: la certeza de los ingresos, la transparencia de las obligaciones financieras y la efectividad del gasto público. Son elementos indispensables para conocer el verdadero margen de maniobra que tendrá Sinaloa durante 2027.

Ambrocio Chávez tiene razón al señalar que las conclusiones definitivas deben esperar a conocer el paquete económico. Pero esa misma exigencia de prudencia debe aplicarse a las estimaciones optimistas y a las cifras utilizadas para defender la situación financiera del estado. La responsabilidad presupuestal no puede depender de la posición que cada partido ocupa dentro del Congreso.

Al final, los sinaloenses no necesitan solamente saber si el presupuesto será mayor o menor que el del año anterior. Necesitan conocer qué problemas podrán atenderse, cuáles seguirán pendientes y cómo se evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Porque un presupuesto puede aprobarse con una mayoría de votos, pero su verdadera evaluación ocurre fuera del recinto legislativo: en las calles donde se reclama seguridad, en los hospitales que necesitan personal y medicamentos, en las escuelas que requieren infraestructura y en las comunidades que esperan oportunidades de desarrollo.

Y ahí estará la prueba de la discusión presupuestal de 2027. No en la capacidad de los diputados para defender o cuestionar una cifra desde la tribuna, sino en su disposición para explicar con claridad qué puede hacer Sinaloa con los recursos que tendrá y qué resultados deberán exigirse a quienes los administren.

RELEVOS

Los movimientos dentro de una administración pública forman parte de los ajustes institucionales que buscan fortalecer áreas específicas de gobierno. En Sinaloa, los recientes nombramientos de Reyna Angulo Valenzuela y Manuel Ochoa Méndez representan cambios en dos espacios que mantienen una relación directa con el funcionamiento del aparato estatal y la atención ciudadana.

La llegada de Reyna Angulo a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno incorpora a una profesional con más de 17 años de experiencia y el antecedente de haber sido la primera fiscal Anticorrupción de Sinaloa. Su trayectoria jurídica constituye un elemento relevante para una responsabilidad que requiere certeza legal, coordinación institucional y atención a los asuntos normativos de la administración pública.

Por su parte, Manuel Ochoa Méndez asume la Subsecretaría de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, una posición que demanda comunicación permanente con comunidades escolares, docentes, organizaciones y distintos sectores de la sociedad. Su experiencia administrativa y educativa será parte de los recursos profesionales con los que deberá desarrollar esta encomienda.

Ambos nombramientos ocurren en una etapa en la que las instituciones estatales enfrentan necesidades de coordinación, seguimiento y atención a las demandas ciudadanas. La gobernadora Graciela Domínguez Nava ha solicitado a los nuevos funcionarios desempeñarse bajo principios de honestidad, transparencia y compromiso social, criterios que deberán reflejarse en el ejercicio cotidiano de sus responsabilidades.

Más allá de los perfiles profesionales, lo importante será observar cómo se traducen estos movimientos en el funcionamiento de las dependencias. En Asuntos Jurídicos, mediante procedimientos claros y decisiones sustentadas en la legalidad; en Vinculación Social, a través de mecanismos efectivos de comunicación y atención a las comunidades educativas.

Los nombramientos representan el inicio de una nueva responsabilidad para ambos funcionarios. Su alcance podrá evaluarse con el tiempo, a partir de los resultados de su gestión, la atención de los asuntos pendientes y su contribución al desempeño de las instituciones que ahora integran.

Porque en la administración pública, los cambios de funcionarios adquieren verdadero significado cuando se reflejan en la calidad de los servicios y en la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la sociedad.

CAMBIO

El relevo en la Tesorería Municipal de Culiacán representa un movimiento administrativo importante para el gobierno encabezado por Ana Miriam Ramos Villarreal. María del Carmen Morales Donada asume esta responsabilidad en sustitución de Laura Araceli Nieblas Leal, en una dependencia fundamental para el manejo de las finanzas públicas.

La nueva tesorera tendrá bajo su responsabilidad la recaudación, administración y aplicación de los recursos municipales, tareas que requieren transparencia, disciplina financiera y cumplimiento de las disposiciones legales.

El nombramiento ocurre en una etapa en la que los gobiernos municipales deben mantener el equilibrio entre sus compromisos financieros, la operación administrativa y las necesidades de servicios públicos de la población.

Más allá del cambio de funcionaria, lo relevante será la continuidad de los procesos financieros, la claridad en el ejercicio del gasto y la capacidad de la Tesorería para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Ayuntamiento.

Porque en la administración municipal, el manejo responsable de los recursos públicos constituye una condición indispensable para garantizar servicios, atender necesidades y mantener la confianza ciudadana.

RETOS

azatlán continúa fortaleciendo su identidad como uno de los principales destinos turísticos y culturales del país. La reinauguración del Paseo de las Estrellas, con el reconocimiento a figuras como la Banda MS y Horacio Palencia, representa una oportunidad para proyectar el talento sinaloense y preservar espacios que forman parte de la historia y el atractivo del puerto.

Para la administración de Estrella Palacios Domínguez, este tipo de acontecimientos también permite fortalecer la relación entre cultura, turismo y desarrollo económico. Reconocer a quienes han llevado el nombre de Mazatlán a escenarios nacionales e internacionales contribuye a mantener vigente una de las principales fortalezas del municipio: su identidad artística y musical.

El desafío será dar continuidad a estas iniciativas mediante el mantenimiento de los espacios públicos, la promoción cultural y la coordinación con los sectores turísticos y empresariales. La recuperación de lugares emblemáticos adquiere mayor importancia cuando se convierte en una oportunidad para mejorar la experiencia de residentes y visitantes.

Mazatlán tiene en su historia, su música y sus tradiciones un patrimonio que merece conservarse y proyectarse. La reinauguración del Paseo de las Estrellas forma parte de ese esfuerzo, cuyo valor podrá apreciarse en la continuidad de las acciones y en los beneficios que generen para la ciudad.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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