La crisis financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) vuelve a poner en riesgo la continuidad de las actividades académicas y administrativas, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) advirtiera que podría iniciar un paro indefinido el próximo 1 de diciembre por la falta de garantías para el pago de salarios y prestaciones.
Ante este escenario, la gobernadora Graciela Domínguez Nava, reconoció la necesidad de encontrar una salida de fondo a las dificultades económicas que enfrenta la institución, al señalar que el objetivo debe ser garantizar condiciones financieras que permitan su funcionamiento más allá de las necesidades inmediatas.
La mandataria estatal manifestó que su administración respetará las decisiones y estrategias de movilización que determinen los trabajadores universitarios, ante la incertidumbre que existe sobre el cumplimiento de sus derechos laborales.
“Nosotros somos muy respetuosos de las formas de lucha, las estrategias que defina la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus trabajadores. Por supuesto que lo que buscamos y deseamos es que se pueda resolver no solo para esta coyuntura, sino de manera definitiva, cuáles deben ser las condiciones financieras para la operatividad de la universidad”, expresó.
El nuevo conflicto se presenta en la recta final del año, cuando la UAS debe reunir recursos para cubrir la segunda quincena de noviembre, los pagos salariales de diciembre y los aguinaldos.
De acuerdo con las estimaciones expuestas por los dirigentes sindicales, la universidad requiere alrededor de 840 millones de pesos para cubrir los aguinaldos y otros 270 millones de pesos por cada quincena durante el cierre de 2026.
El SUNTUAS considera que la falta de certeza sobre estos recursos pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores, por lo que estableció el 1 de diciembre como fecha para iniciar una suspensión indefinida de actividades en todos los centros laborales, si no existen garantías de pago.
La amenaza de paro revive además los problemas laborales registrados en julio pasado, cuando trabajadores universitarios suspendieron actividades por retrasos relacionados con salarios y la primera parte de la prima vacacional, pagos que finalmente fueron cubiertos.
Aunque la gobernadora expresó su respeto a las posibles movilizaciones, su declaración también coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de resolver de manera estructural el financiamiento de la máxima casa de estudios, cuyos compromisos laborales representan una presión recurrente al cierre de cada ejercicio fiscal.



