A DESTIEMPO

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se presenta como una de las intervenciones más ambiciosas del gobierno federal en materia de seguridad y reconstrucción social.
A una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca no solo responder a una crisis de violencia, sino también establecer las bases para un modelo integral de desarrollo con justicia y estabilidad.
El programa, que contempla una inversión pública superior a los 57 mil millones de pesos y una participación mixta que eleva el monto total a casi 100 mil millones, plantea una visión que trasciende el enfoque policiaco.
La seguridad, según se explica, no se concibe únicamente como control territorial o despliegue de fuerzas, sino como consecuencia de la justicia social.
Esta noción —reiterada por Sheinbaum al afirmar que “la paz es fruto de la justicia”— da sustento a una agenda en la que convergen educación, infraestructura, inclusión, economía y gobernabilidad.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que “se escuchan todas las voces” en el diseño del plan, lo que representa una diferencia relevante respecto a estrategias anteriores.
La inclusión de comunidades indígenas, empresarios, jóvenes y organizaciones sociales indica un intento de territorializar las soluciones, adaptándolas a la realidad de cada región michoacana.
Esa consulta social podría convertirse en un elemento clave para dar legitimidad y eficacia a las políticas públicas en un estado históricamente afectado por la fragmentación institucional y la desconfianza hacia el poder.
El componente de seguridad combina la presencia militar con la profesionalización de los cuerpos locales y la creación de unidades de inteligencia y combate a la extorsión.
Se trata de una apuesta por la coordinación interinstitucional y la inteligencia operativa más que por la fuerza bruta, en consonancia con el principio de “atender las causas” que ha caracterizado a la actual administración federal.
Sin embargo, el reto será garantizar que la intervención no se diluya en la burocracia y que la cooperación entre los tres niveles de gobierno se mantenga más allá de la coyuntura política.
En materia social, el plan propone un conjunto de acciones que buscan reducir las brechas estructurales: programas de empleo, créditos al campo, conectividad digital, apoyo a mujeres y jóvenes, infraestructura educativa y hospitalaria.
Estos ejes reflejan un entendimiento de la violencia como fenómeno multicausal, vinculado a la desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades.
El seguimiento anunciado por la propia presidenta cada 15 días representa un ejercicio inusual de supervisión directa, lo que podría marcar una nueva forma de gobernanza en la relación federación-estado.
No obstante, la magnitud de los recursos y la amplitud de los objetivos demandarán mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan medir resultados concretos y no solo percepciones.
En síntesis, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia abre una ruta de acción donde confluyen seguridad, desarrollo e inclusión. Su éxito dependerá de la capacidad de articular estos componentes en una política sostenida, evaluable y centrada en la gente.
La pregunta es… ¿tuvo que ocurrir esto para que se volteara a ver a Michoacán?
CONSOLIDADO
A cuatro años de gestión, el gobierno de Rubén Rocha Moya busca consolidar una narrativa de resultados sustentada en el eje del humanismo social, concepto que el propio mandatario ha impulsado como sello distintivo de su administración.
En su primer mensaje con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, Rocha Moya enfatiza que “escuchar, atender y resolver las necesidades del pueblo es humanismo que transforma”, una frase que sintetiza la filosofía política con la que ha intentado dirigir el rumbo de Sinaloa.
Desde esa perspectiva, el discurso oficial destaca avances tangibles en materia de bienestar social y combate a la pobreza.
Según las cifras presentadas, más de 155 mil sinaloenses habrían superado la condición de pobreza a partir de la aplicación de diversos programas sociales.
Este dato, en caso de mantenerse conforme a los indicadores federales, representaría uno de los logros más significativos en materia de inclusión social en la historia reciente del estado.
De igual forma, el gobernador subraya que más de 22 mil familias han obtenido certeza jurídica sobre su patrimonio, lo que se traduce en estabilidad y dignidad para miles de hogares.
Estos resultados se inscriben dentro de una política pública que privilegia la regularización de la tierra y la seguridad en la tenencia de la vivienda, un aspecto sensible en zonas urbanas y rurales donde históricamente han persistido rezagos.
En conjunto, el mensaje busca proyectar una administración cercana a la gente, que privilegia la atención directa y el enfoque humano en la toma de decisiones.
Sin embargo, también plantea el reto de sostener estos avances más allá de los números, garantizando que las políticas de bienestar se mantengan con eficacia, transparencia y continuidad. A cuatro años de gobierno, el balance que presenta Rocha Moya invita a una reflexión sobre los alcances del humanismo como principio de gestión pública y sobre su impacto real en la vida cotidiana de las y los sinaloenses.
PROYECCIÓN
El proyecto “Guasave, Puerta a Mesoamérica” representa una expresión ciudadana que busca reactivar una visión de desarrollo urbano detenida por más de una década. Integrado por empresarios, académicos y profesionistas locales, este grupo plantea recuperar la idea de aprovechar el potencial de la margen izquierda del río Sinaloa, una zona con condiciones naturales y urbanísticas que podrían detonar un nuevo polo de crecimiento para el municipio.
El planteamiento central parte de un hecho reconocido: Guasave ha experimentado un crecimiento desigual y poco planificado, con carencias visibles en infraestructura, conectividad y servicios.
El decreto estatal emitido entre 2008 y 2009, que pretendía ordenar y facilitar el desarrollo en esa área, nunca llegó a concretarse. Hoy, el grupo encabezado por el empresario Carlos Pardini Soberanes retoma esa agenda, no desde la política, sino desde la iniciativa social y empresarial, con la intención de construir consensos y alianzas que permitan darle viabilidad.
La referencia al modelo de los “Tres Ríos” de Culiacán no es casual. Aquel proyecto transformó un espacio natural en un corredor urbano con equilibrio entre desarrollo económico, recreativo y ambiental.
En el caso de Guasave, la aspiración parece ir en el mismo sentido: planear la expansión de la ciudad de manera ordenada, con visión de largo plazo y respeto por el entorno. Sin embargo, la diferencia de contextos económicos y administrativos entre ambas ciudades obliga a considerar la necesidad de un diseño adaptado a la realidad local, con mecanismos de inversión, planeación y regulación claros.
El hecho de que los impulsores hayan comenzado un proceso de diálogo con autoridades municipales y legislativas refleja una estrategia institucional que busca evitar que la propuesta quede solo en la aspiración.
La participación de dependencias como Ceapas también resulta relevante, ya que cualquier desarrollo urbano sustentable dependerá en buena medida del manejo adecuado del agua y de la infraestructura básica.
Más allá del entusiasmo que genera la iniciativa, el reto fundamental radica en lograr que las autoridades retomen el proyecto como política pública y no solo como una gestión ciudadana aislada.
La experiencia nacional muestra que los procesos de transformación urbana exitosos requieren continuidad, visión técnica y participación social sostenida.
En ese sentido, “Guasave, Puerta a Mesoamérica” podría convertirse en un catalizador para que el municipio trace un nuevo rumbo en materia de desarrollo urbano.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
Facebook,Instagram y X: PeriodistaMarco