La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la presentación de una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara como seguridad nacional sus megaobras, es improcedente.
La senadora de Morena indicó que en su opinión es inexistente el principio de agravio respecto del Senado.
Agregó que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional contra el acuerdo del presidente como lo solicitaron diversos senadores y senadoras.
“Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”, añadió en Twitter.
Sánchez Cordero señaló que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
Puntualizó que si un ente legitimado promueve controversia en contra de una norma o acto que es ajeno a sus esfera de facultades o atribuciones reconocidas en la Constitución, no se da el supuesto de procedencia relativo al interés legítimo.
“Inicialmente, resulta necesario señalar, que la controversia constitucional tiene por objetivo dirimir los conflictos que se susciten entre poderes del Estado, siempre que se reclame la invasión a la esfera de competencias o atribuciones de un órgano, el que se considera afectado por la emisión de disposiciones generales o de diverso acto emitido por otro poder; de ahí que dicho medio de control de la constitucionalidad tienda a garantizar el principio de división de poderes, la distribución de competencias y el sistema federal”, detalló.
La exsecretaria de Gobernación dijo que el Senado representa la unidad y escucha todas las voces, pero también debe respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político
El 22 de noviembre, el presidente López Obrador declaró como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura y las obras de su administración que estén asociados a infraestructura de diversos sectores.
El acuerdo del presidente López Obrador fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los proyectos y obras del Gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
El presidente declaró que serán considerados proyectos de seguridad nacional e interés público aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
Los proyectos podrán estar asociados a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, incluso turístico.
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