Culiacán, Sinaloa.– La diputada María Teresa Guerra Ochoa, en su calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, fijó postura sobre la situación legal que enfrenta el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y dejó claro que si bien tiene derecho a defenderse y a manifestarse políticamente, el proceso deberá ceñirse a lo que establece la ley.
El pronunciamiento de la legisladora surge luego de que Vargas Landeros, tras ser vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad, calificara su caso como una persecución política. La acusación está relacionada con el arrendamiento de 126 patrullas, por un monto de 171 millones de pesos, operación que según la ley, debió realizarse a través de una licitación pública, dado el tamaño del contrato.
Guerra Ochoa detalló que el Congreso recibió formalmente la solicitud de declaratoria de procedencia por parte de la Fiscalía General del Estado, la cual se basa en una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado. A esta se suman observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, que identificó la falta de evidencia física sobre las unidades arrendadas.
Desde el Poder Legislativo, se ha insistido en la importancia de esclarecer los hechos con base en documentación técnica y financiera, sin interferencias políticas ni justificaciones personales. La postura institucional se mantiene firme: los procesos deben avanzar conforme a derecho, y el combate a la corrupción no admite excepciones, sin importar el cargo o el nombre de quien esté involucrado.
