Culiacán, Sinaloa.- Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno de Sinaloa, evitó entrar en terrenos comprometidos. Ante la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y el diputado local Genaro García Castro, el funcionario simplemente se deslindó.
“Por la naturaleza del caso, no tenemos opinión”, fue su única declaración al respecto. Sin más explicaciones, el Gobierno estatal decidió no fijar postura, al menos públicamente.
La solicitud de juicio de procedencia no es un trámite menor: se trata del procedimiento legal para retirarle el fuero a una autoridad, con el objetivo de que pueda ser procesada penalmente como cualquier ciudadano. En este caso, los señalados son dos figuras relevantes del norte del estado: un alcalde que ha acumulado poder político y un diputado con trayectoria en el Congreso local.
El silencio de Castro Meléndrez puede leerse como una forma de evitar fricciones dentro de su propio partido o de proteger la imagen institucional del gobierno en turno. No es la primera vez que el Estado atraviesa por una coyuntura así.
En 2022, el Congreso local avaló el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, entonces alcalde de Culiacán por Morena. Las acusaciones fueron graves: abuso de autoridad y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El proceso terminó con Estrada fuera del cargo y enfrentando cargos penales.
Un año después, en 2023, se intentó iniciar un procedimiento similar contra Luis Guillermo Benitez Torres, exalcalde de Mazatlán. Sin embargo, ese juicio se desactivó antes de tiempo: Benitez solicitó licencia para incorporarse al gabinete estatal como Secretario de Turismo, lo que dejó sin materia legal el intento de desafuero.
En ambas historias, un detalle se repite: Feliciano Castro era diputado local por Morena. Estuvo ahí cuando se discutieron, votaron y ejecutaron esos procesos. Conoció de cerca las tensiones, los cálculos políticos y las consecuencias de activar un juicio de procedencia.
Hoy, ya desde una posición en el Poder Ejecutivo, su respuesta es otra. La distancia. La neutralidad. El silencio como estrategia.
Y aunque la frase “no tenemos opinión” puede parecer simple, también dice mucho. Dice que el gobierno prefiere no involucrarse abiertamente en una disputa que podría salpicar a actores clave. Dice que la administración estatal mide cuidadosamente cada palabra cuando hay en juego algo más que el discurso.
Por lo pronto, el caso sigue su curso en el ámbito legislativo y el alcalde de Ahome está convocado a comparecer ante el Congreso del Estado mañana jueves a las 8:00 P.M.
