Culiacán, Sinaloa | 19 de agosto de 2025.– La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado cerró filas y defendió la constitucionalidad del proceso mediante el cual se destituyó a Gerardo Vargas Landeros como alcalde de Ahome, aprobado de manera unánime el pasado 1 de mayo.
En un pronunciamiento firmado por las y los coordinadores parlamentarios de la 65 Legislatura, se precisó que el Congreso no ha recibido notificación oficial de alguna suspensión definitiva sobre el caso. Sin embargo, con base en información del portal del Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Legislativo ha promovido diversas acciones legales para respaldar su actuación.
Entre estas acciones se encuentran:
- La presentación de denuncias penales, el 7 de agosto, ante el Ministerio Público Federal en Zacatecas contra el Juez Primero de Distrito, el quejoso y sus abogados.
- Una queja en contra del mismo juzgador.
- La interposición de un recurso de revisión contra su resolución.
- Una segunda queja por la misma circunstancia.
Las y los diputados calificaron de ilegal e inconstitucional la actuación del juez de Zacatecas, al considerar que otorgó suspensiones en un asunto en el que no procede el juicio de amparo. Recordaron que las declaratorias de procedencia protegen un interés social superior al retirar el fuero a funcionarios para que enfrenten procesos penales, facultad que es exclusiva y soberana de los congresos locales.
En el caso de Vargas Landeros, remarcaron que la Ley de Amparo establece la improcedencia de cualquier recurso, ya que los hechos se consumaron los días 1 y 2 de mayo de 2025.
Asimismo, señalaron que las declaraciones del exalcalde forman parte de una estrategia “jurídico-mediática” para mantenerse vigente en la opinión pública con información imprecisa.
Los legisladores fueron contundentes: no existe posibilidad de que el Congreso restituya a Vargas Landeros en el cargo mientras no exista una resolución absolutoria en los procesos penales que enfrenta.
El posicionamiento, leído este martes en la Diputación Permanente, fue suscrito por María Teresa Guerra Ochoa (Morena), Rodolfo Valenzuela Sánchez (PVEM), Bernardino Antelo Esper (PRI), Roxana Rubio Valdez (PAN), Sergio Torres Félix (MC), Víctor Antonio Corrales Burgueño (PAS) y Moncerrat López López (PT).
