DEFINICIÓN

Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya rindiera su cuarto informe el pasado 28 de noviembre, se abrió el periodo en el que la senadora Imelda Castro Castro anunció que definirá su rumbo político.
La legisladora había adelantado desde el 18 de octubre que esperaría la conclusión del informe para fijar una postura respecto a la posibilidad de buscar la gubernatura de Sinaloa en 2027. Con el acto ya celebrado, el momento de esa definición ha llegado.
En las últimas semanas, Castro ha mantenido una presencia constante en actividades públicas en diversos municipios, una movilidad que ha sido interpretada como activismo político previo al proceso electoral.
Incluso, el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral por presuntos actos anticipados de campaña, señalando que su presencia en eventos podría constituir una ventaja indebida frente a otros perfiles.
Mientras tanto, las mediciones internas y sondeos públicos la colocan actualmente como una de las figuras mejor posicionadas dentro del arranque de la contienda, encabezando o disputando los primeros lugares en encuestas de preferencia rumbo a 2027.
Ese escenario ha generado expectativas entre simpatizantes, militantes y actores cercanos al proyecto de la Cuarta Transformación, quienes aguardan una señal que permita activar de manera formal su respaldo político.
La senadora ha insistido en que actuará con respeto a los tiempos institucionales y en apego a la normatividad electoral, pero el calendario juega ya un papel determinante.
El año está por concluir y el 2025 abrirá el ciclo preelectoral en Sinaloa, etapa clave para quienes aspiren a competir en 2027.
El panorama se centra ahora en una sola pregunta:
¿Su definición llegará en los últimos días de este año o será hasta el inicio del próximo, cuando comience de lleno la ruta preelectoral?
Lo cierto es que, con el informe ya superado y con su posicionamiento público en ascenso, el periodo de espera está llegando a su fin.
En los hechos, el reloj político ya empezó a correr. “Truchas” con eso.
CARTUCHO QUEMADO
La política mexicana tiene una costumbre vieja: reciclar sus promesas con envolturas nuevas. Hoy, ese papel brillante se llama México Tiene Vida, un movimiento que se presenta como alternativa ciudadana, pero que, en su génesis y en su discurso, arrastra mucho del pasado que dice querer superar.
Y en Sinaloa, el encargado de encender la maquinaria es nada menos que Jorge Abel López Sánchez, un priista de carrera que ahora hace escala en un proyecto que promete ser distinto, pero que en su arranque luce más como un acomodo estratégico que como una revolución democrática.
El movimiento presume sus primeras asambleas en Mazatlán, celebradas con entusiasmo y avaladas por los observadores electorales.
Cumplieron el trámite, sí. Pero lo verdaderamente relevante no es cuántas sillas se llenaron, sino quién está detrás y con qué propósito. El discurso de “despertar ciudadano” es noble, incluso necesario en un país donde la apatía política se ha vuelto una forma de defensa. Pero cuando quienes lo enarbolan provienen de las mismas estructuras que contribuyeron a ese desencanto, la narrativa pierde filo.
López Sánchez apela a su gratitud hacia el PRI, un partido que reconoce en decadencia. No reniega, dice. Y quizá ese es el punto más honesto de su mensaje: no reniega porque no puede renegar de lo que le permitió estar donde está.
El problema es que el salto hacia un nuevo movimiento debería venir acompañado de un deslinde firme, no de una nostalgia política acomodada. Hablar de “una opción diferente para el país” mientras se preservan lealtades históricas es una contradicción que no se resuelve con retórica.
A nivel nacional, México Tiene Vida planea realizar más de 250 asambleas distritales en dos meses. Una cifra impresionante en el papel, pero que inevitablemente despierta sospechas sobre la velocidad con la que ciertos movimientos logran, de la nada, estructuras que otros tardan años en construir.
En un país donde el capital político suele acompañarse del capital económico, la duda no es paranoia: es prudencia.
La gran pregunta es si este proyecto realmente busca revitalizar la participación social o solo pretende captar el desencanto. Porque el desencanto, cuando se administra bien, es rentable. Y los movimientos políticos que nacen bajo el discurso de “somos diferentes” suelen terminar convertidos en más de lo mismo cuando llegan las primeras decisiones difíciles.
En 2027, México Será un tablero nuevo y feroz. Los viejos partidos llegarán golpeados; los nuevos llegarán probándose. ¿En cuál de esas dos categorías está México Tiene Vida? Hoy, su mensaje se sostiene más en simbología que en hechos. Y aunque López Sánchez insiste en que no viene a restar votos, la política tiene una lógica simple: toda aparición en el tablero afecta el juego. Lo que falta ver es si afectará para bien.
Porque de lo contrario, este movimiento podrá tener nombre de esperanza, pero su vida será, como tantas otras, apenas un respiro en la larga tradición del reciclaje político mexicano. Y no huele a eso… apesta.
ESPALDARAZO
La firma del contrato colectivo 2026 entre el Ayuntamiento de Culiacán y el STASAC representa, en términos institucionales, un paso relevante en la relación entre la administración municipal y sus trabajadores sindicalizados.
El incremento salarial del 7 por ciento —distribuido en un 6 por ciento a partir de la primera quincena de diciembre y un 1 por ciento adicional en enero— constituye un ajuste que busca responder a las demandas laborales en un contexto económico donde la actualización salarial es un elemento indispensable para mantener la capacidad adquisitiva.
El acuerdo también refleja una relación política y administrativa estable entre el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y la dirigencia sindical encabezada por Julio Duarte Apan.
Los mensajes públicos de apoyo, tanto del sindicato hacia el presidente municipal como de éste hacia la base trabajadora, muestran un ambiente de cooperación que facilita la negociación, aunque también exponen la natural cercanía que suele darse entre una administración en funciones y un sindicato que depende directamente de ella para la resolución de prestaciones y condiciones laborales.
Desde una perspectiva institucional, el aumento salarial y los compromisos expresados por ambas partes apuntan a consolidar condiciones más favorables para quienes operan los servicios públicos del municipio.
El reconocimiento a la labor cotidiana del personal, así como la promesa de atender sus gestiones “hasta donde sea posible”, subrayan la voluntad del Ayuntamiento de mantener un diálogo abierto. Sin embargo, esta misma frase deja claro que las decisiones están sujetas a límites presupuestales, lo que plantea retos futuros en materia financiera y operativa.
El énfasis del alcalde en vincular el acuerdo con una visión de “un mejor Culiacán” encuadra la negociación dentro de un discurso de corresponsabilidad: mejorar las condiciones laborales se presenta como un medio para fortalecer la prestación de servicios y, con ello, el funcionamiento municipal. En esa narrativa, el sindicato ocupa un rol central al asegurar que sus trabajadores mantienen disposición y respaldo hacia la administración.