Shannon K. O’Neil, vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (CFR por sus siglas en inglés), señaló este miércoles que la demanda que presentó el gobierno de México contra empresas armamentistas en Estados Unidos no logrará mucho en reducir la violencia si no funciona el sistema de justicia en el país.
En una columna de opinión, O’Neil estimó que la demanda de México en Estados Unidos difícilmente tendrá éxito, pero aun lográndolo, no podrá transformar la crisis de seguridad que experimenta el país.
“Hasta que México invierta mucho más dinero en hacer que sus comunidades sean más seguras y forje una estrategia coherente e integral para construir un verdadero estado de derecho, seguirá siendo un lugar peligroso”, comentó la experta.
En la publicación, la vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos argumentó que México tiene problemas de armas e inseguridad debido a tres puntos principales: la baja e ineficiente inversión en la seguridad del país, la falta de capacitación de agentes policiales y la erradicación de programas diseñados a la recuperación de comunidades afectadas por el crimen organizado.
Señaló que el gobierno de López Obrador disolvió la Policía Federal dirigida por civiles para crear la Guardia Nacional, controlada por los militares, y decidió otorgarle un presupuesto de 2 mil 500 millones de dólares. Como consecuencia, dijo, se extinguieron los fondos dedicados a la policía municipal, policía comunitaria y otros programas “que han demostrado mejorar la seguridad ciudadana” en México.
Pese a las inversiones realizadas, criticó Shannon K. O’Neil, estas son una cifra muy baja comparada con otras naciones latinoamericanas que son más seguras que México. Citó que el presupuesto de seguridad es del 0.6%, mientras que países como Brasil, Chile y Colombia se destina al menos el doble.
Sostuvo que el gobierno mexicano también ha eliminado la mayor parte del financiamiento público para programas diseñados para ayudar a las comunidades devastadas por el crimen a recuperarse. Se dejaron de lado las actividades extraescolares, programas de prevención de la violencia, clínicas de asesoramiento y refugios para mujeres, que podrían contribuir a fortalecer el tejido social.
“Si el gobierno de México realmente quiere reducir el derramamiento de sangre, necesitará más que una exitosa demanda en Massachusetts. Deberá invertir miles de millones más cada año en un enfoque de seguridad integral, institucional y dirigido por civiles. Estados Unidos no necesitaría una orden judicial para respaldar eso”, concluyó Shannon K. O’Neil sobre la violencia en México.
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