Culiacán, Sinaloa.– En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma al Poder Judicial local, a pesar de la oposición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). La iniciativa fue avalada con 32 votos a favor y 7 en contra.
Durante la discusión, se realizaron modificaciones a varios artículos en lo particular. Legisladores de la oposición argumentaron su desacuerdo con la propuesta, señalando posibles afectaciones a la autonomía del Poder Judicial, mientras que la mayoría parlamentaria defendió la reforma, asegurando que fortalecerá la impartición de justicia en el estado.
La aprobación de esta reforma representa un cambio significativo en la estructura del Poder Judicial en Sinaloa, ya que con ella se avala la elección de jueces y magistrados a través del voto popular.
El debate en Tribuna
Las reformas a la Constitución de Sinaloa en materia del Poder Judicial es de avanzada, fortalece la democracia y la justicia, y consolidarán un sistema judicial autónomo que generará confianza en la sociedad, privilegiando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, señalaron diputada de Morena y del PAS.
En la discusión de las reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, aseguró que independientemente de las posturas, hay coincidencia en que en Sinaloa se debe mejorar la impartición de justicia.
“Hace falta sacudir inercias en el Poder Judicial, hace falta mejorar la impartición de justicia y garantizar que las mujeres que llegan a juicios por alimentos y trabajadores que exigen pensiones y salarios, encuentren apertura y respuesta, y si no la encuentran, quien tomará la decisión de no respaldarlos es la propia población, y esa es la gran diferencia”, afirmó.
Ante las críticas de que ahora se pretende que sea la persona titular de Ejecutivo la que proponga a magistradas y magistrados, aclaró que de acuerdo a las normas vigentes es precisamente el gobernador quien presenta propuestas de magistrados y magistradas y es el Congreso del Estado el que elige mediante el voto de las dos terceras partes de sus diputadas y diputados.
“No inventemos argumentos”, puntualizó.
Incluso aseguró que con las reformas aprobadas ahora se agregan más requisitos a quienes aspiren a magistraturas y a ser titulares de juzgados, lo que implica que se apuesta a la profesionalización del Poder Judicial.
Dado que con las reformas aprobadas ahora magistrados y magistradas, jueces y juezas serán electas a través del voto popular, aseguró que con ello se busca consolidar el poder ciudadano.
Hay que tener confianza en que la sociedad ya tiene una mayoría de edad y capacidad para poder elegir a sus juzgadores, lo que equivale a un control de las y los ciudadanos, afirmó.
Por parte del PAS, fijó posicionamiento su coordinador, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien aseguró que su partido siempre ha defendido la necesidad de acercar la justicia a la sociedad, y que se promueva una transformación real a favor de la sociedad.
Incluso recordó que el PAS había presentado previamente una iniciativa que contemplaba ya la elección de magistrados y magistradas a través del voto popular, y que también haya una magistratura indígena.
De igual manera respaldó que en la reforma se establezca que las elecciones de magistradas y magistrados, jueces y juezas, se lleve a cabo en el proceso electoral local del 2027, junto con las elecciones para renovar el Congreso del Estado y las 20 presidencias municipales, ya que con ello se evitarán costos innecesarios.
Para hablar en contra de las reformas, adiciones y derogaciones hablaron el diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, y la diputada del PRI, Paola Iveth Gárate Valenzuela.
Ambos señalaron que estos cambios son para someter el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, y que será éste el que decidirá quienes serán candidatos y candidatas, y quienes ganarán las elecciones.
