IMPROVISACIONES

En buena parte de los municipios pequeños de Sinaloa, la improvisación se ha convertido en una constante del ejercicio de gobierno. Alcaldes y alcaldesas asumen la administración pública sin contar con un proyecto claro de desarrollo, sin equipos técnicos consolidados y sin una visión de mediano y largo plazo.
El gobierno municipal deja entonces de ser una institución orientada al bienestar colectivo para transformarse en un espacio de decisiones reactivas, fragmentadas y, en muchos casos, circunstanciales.
Frente a ello surge una primera interrogante de fondo: ¿cómo puede un municipio aspirar al progreso si su dirección política opera bajo la lógica del día a día, y no bajo la planeación estratégica?
La improvisación no surge de manera aislada.
Tiene raíces políticas, partidistas y culturales. Muchos perfiles llegan a las presidencias municipales no por trayectoria administrativa, sino como resultado de acuerdos, cuotas o equilibrios internos de los partidos. Ese origen condiciona el desempeño.
El cargo se vuelve un premio, no una responsabilidad institucional. Y entonces aparece una segunda pregunta inevitable: ¿estamos configurando gobiernos locales para servir a la ciudadanía o para cumplir compromisos políticos previos a la elección?
Esta falta de preparación se traduce en administraciones que carecen de diagnóstico del territorio que gobiernan.
No existe una lectura real sobre las dinámicas económicas, los índices sociales, la vocación productiva o las carencias urbanas.
Las decisiones surgen “sobre la marcha”, a partir de presiones coyunturales o episodios aislados.
Se gobierna reaccionando, no planificando. En ese contexto, conviene preguntarlo: ¿puede haber política pública efectiva cuando el gobierno desconoce de manera precisa la realidad que intenta transformar?
Las consecuencias son visibles en múltiples niveles. En lo administrativo, los municipios duplican errores, repiten programas ineficientes y consumen recursos en medidas temporales.
En lo financiero, incrementan gasto corriente, reducen inversión pública y dependen casi totalmente de participaciones externas. En lo social, se profundiza el desencanto ciudadano, porque la población percibe gobiernos que prometen cambio, pero operan sin rumbo.
Esto conduce a otra reflexión inevitable: ¿cómo sostener la confianza social en el gobierno cuando la ciudadanía identifica que no existe claridad en las decisiones públicas ni continuidad entre administraciones?
La carencia de perfiles técnicos agrava aún más el escenario. Tesorerías sin planeación fiscal, obras públicas sin criterios urbanos, áreas jurídicas débiles y oficinas de planeación municipal que existen solo en el organigrama. La política sustituye al conocimiento especializado.
En territorios financieramente frágiles, ese vacío institucional no solo limita el desarrollo: compromete la estabilidad comunitaria. Entonces surge otra pregunta clave: ¿es ético gobernar sin contar con la capacidad técnica necesaria cuando de esas decisiones dependen la infraestructura, los servicios y la calidad de vida de la población?
Las secuelas de esta improvisación no se miden únicamente en números, sino en procesos humanos.
Los jóvenes migran porque no encuentran oportunidades, los pueblos pierden identidad productiva, los servicios básicos se deterioran y la vida pública se vuelve administrativamente precaria.
Se instala una sensación de inmovilidad histórica. Y entonces vale cuestionarlo con mayor profundidad: ¿qué futuro puede imaginar una comunidad cuando el gobierno que la representa no es capaz de construir horizonte, continuidad y proyecto colectivo?
Sin embargo, la crítica no debe quedarse solo en la denuncia. Las alternativas existen, aunque requieren voluntad política, disciplina institucional y ruptura con inercias arraigadas.
Profesionalizar los gobiernos municipales, fortalecer los equipos técnicos, establecer planes de desarrollo vinculantes, ordenar el gasto público y generar mecanismos reales de participación ciudadana no son aspiraciones retóricas: son condiciones mínimas para que el municipio sea un verdadero espacio de gobierno.
Pero aquí emerge una última pregunta decisiva: ¿están dispuestos los gobiernos municipales a renunciar a la improvisación como método político para transformar su administración en un ejercicio responsable, técnico y orientado al largo plazo?
La respuesta a esa pregunta marcará el destino de muchos municipios pequeños de Sinaloa. Porque la improvisación no solo congela el presente: también limita la posibilidad de imaginar un futuro distinto.
MODELO
La puesta en marcha de una conferencia semanera encabezada por el alcalde de Elota, Richard Millán, representa un precedente relevante dentro de la vida pública municipal en Sinaloa.
Este ejercicio —inspirado en el modelo instaurado por el gobernador Rubén Rocha Moya a nivel estatal— coloca a Elota como el primer municipio que adopta formalmente un esquema de comunicación periódica, directa y abierta con la ciudadanía.
Más que un anuncio administrativo, la iniciativa plantea una interrogante de fondo:
¿puede la comunicación pública municipal convertirse en un verdadero mecanismo de rendición de cuentas y gobernanza cercana, o correrá el riesgo de quedarse en un ejercicio meramente informativo?
El compromiso expresado por el alcalde al invitar a la población a seguir las transmisiones, enviar preguntas y participar activamente, sugiere la intención de construir un gobierno con vocación de diálogo.
En un contexto donde muchos ayuntamientos mantienen canales de comunicación limitados o unilaterales, abrir un espacio permanente para explicar acciones, decisiones y avances adquiere relevancia institucional. Sin embargo, surge una reflexión necesaria: ¿estos encuentros permitirán cuestionamientos reales, transparencia en temas sensibles y respuestas verificables, o estarán acotados a una narrativa previamente diseñada?
El valor de la conferencia semanera no depende solo de su continuidad, sino de su contenido. Informar no significa únicamente enumerar obras o programas; implica contextualizar decisiones, reconocer pendientes, aclarar procesos y explicar prioridades de gobierno. Ahí se define la verdadera dimensión del ejercicio. De lo contrario, la pregunta vuelve a aparecer: ¿la comunicación será un puente hacia la confianza ciudadana o un recurso para reforzar la imagen institucional?
Al adoptar este modelo antes que cualquier otro municipio del estado, Elota envía un mensaje político y administrativo: la ciudadanía ya no solo exige servicios, sino claridad, cercanía y diálogo público. Pero ello también plantea otro desafío inevitable:
¿están los gobiernos municipales preparados para sostener este nivel de apertura cuando las preguntas sean críticas o los temas resulten incómodos?
Elota da un paso que merece observación y seguimiento. La interrogante que queda abierta es decisiva:¿logrará esta conferencia semanera, encabezada por Richard Millán, convertirse en un ejercicio real de diálogo y evaluación ciudadana… o terminará repitiendo los límites tradicionales de la comunicación institucional?