Culiacán, Sinaloa.– El nombramiento de un magistrado indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del país, destacó el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien subrayó que esta decisión trasciende diferencias partidistas y abre un nuevo capítulo en la impartición de justicia en México.
“Se trata de un avance significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de los pueblos originarios, históricamente marginados del sistema judicial”, expresó el legislador del Partido Sinaloense (PAS), quien reconoció que, a pesar de este logro nacional, en Sinaloa aún persisten barreras lingüísticas, culturales e institucionales que dificultan el acceso a la justicia para las comunidades indígenas.
En este contexto, Corrales Burgueño informó que, junto a la diputada Angélica Díaz Quiñones y con el respaldo de ciudadanas comprometidas con la causa, el Grupo Parlamentario del PAS presentó el pasado 20 de mayo una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar una representación indígena en el Poder Judicial del estado.
“La propuesta plantea reformar el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para que el Supremo Tribunal de Justicia —conformado por 11 magistraturas— cuente obligatoriamente con un espacio reservado para una persona de ascendencia indígena”, detalló.
Además, la iniciativa considera modificaciones a los artículos 105 Bis, 108 y 109, con el objetivo de asegurar que en los distritos judiciales donde exista presencia indígena se designe, al menos, un juez de primera instancia, un juez menor y un magistrado de circuito pertenecientes a estos pueblos.
Corrales Burgueño recordó que esta no es la primera acción del PAS en favor de las comunidades originarias. Durante la 63ª Legislatura, el grupo parlamentario promovió reformas para garantizar la representación política de estas comunidades, lográndose el 1 de septiembre de 2023 la aprobación de la figura de regidores étnicos, con criterios de paridad de género y respeto a las tradiciones propias de cada asentamiento.
“En Sinaloa existen 236 asentamientos indígenas distribuidos en 10 municipios. Esta realidad, respaldada por el catálogo oficial de pueblos y comunidades indígenas, nos impone una obligación moral y legal de avanzar hacia nuevos paradigmas de justicia e inclusión”, sostuvo.
Finalmente, el diputado hizo un respetuoso exhorto a sus compañeras y compañeros legisladores para respaldar esta iniciativa, que no solo fortalece el principio constitucional de la pluriculturalidad, sino que también refrenda los compromisos internacionales de México en materia de derechos indígenas.
