Más mezcla maistro

El señalamiento del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la deuda superior a cinco mil millones de pesos heredada por las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel no solo revela un problema contable, sino una herida institucional que compromete la confianza en la gestión pública.
Lo dicho por el mandatario no debe leerse como una acusación política más, sino como un diagnóstico de largo alcance sobre la fragilidad del sistema de pensiones en Sinaloa.
El hecho de que las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado (IPES), al Issstesin y al SAT fueran retenidas sin ser entregadas constituye una práctica que erosiona la relación entre el gobierno y sus servidores públicos.
En esencia, se trata de recursos que pertenecen a quienes durante años han sostenido al aparato estatal desde su trabajo y contribución. Que esos fondos se hayan desviado a otros fines —sin que se especifique claramente cuáles—, revela una forma de administración que privilegió la inmediatez política sobre la responsabilidad financiera.
El monto es alarmante: 2 mil 641 millones de pesos en el IPES y el resto en pasivos fiscales y laborales. Pero más allá de la cifra, el impacto real recae en los trabajadores que esperan su jubilación con incertidumbre.
La advertencia de Rocha Moya sobre el riesgo de no poder cubrir las pensiones en el futuro no es menor. Si el fondo carece de liquidez, la consecuencia será directa: el incumplimiento de derechos adquiridos.
El gobernador ha prometido corregir el rumbo y destinar recursos para garantizar los pagos, lo cual, si bien es una obligación moral y legal, también supone un desafío administrativo enorme.
En un contexto de restricciones presupuestales, la pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrán los recursos para subsanar una deuda que no se generó en su gestión?
En este punto, la transparencia será clave. No basta con señalar la irresponsabilidad del pasado; es indispensable que se documenten los desvíos, se definan las responsabilidades y se establezcan mecanismos de recuperación de recursos o sanción si corresponde.
La rendición de cuentas no debe quedarse en la retórica del señalamiento político, sino traducirse en acciones concretas que eviten la repetición de estas prácticas.
El fondo de pensiones, el Issstesin y el SAT no son meras instituciones burocráticas: son el soporte de la seguridad laboral, fiscal y social del Estado.
Su descuido durante años muestra cómo la política cortoplacista puede hipotecar el futuro de generaciones de trabajadores. Hoy, el gobierno de Rocha Moya tiene la oportunidad —y el reto— de demostrar que la honestidad no solo se predica, sino se reconstruye desde las finanzas públicas.
El saldo de la irresponsabilidad no solo se mide en cifras, sino en la confianza perdida. Y esa, sin duda, será la deuda más difícil de saldar.
RECORRIDO
Las asambleas informativas que encabeza la diputada Tere Guerra por los 20 municipios de Sinaloa son un ejercicio que, más allá de su formato político, representan una recuperación del sentido primario del servicio público: escuchar. En una época donde la representación suele percibirse distante, el hecho de que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado lleve el trabajo legislativo a las comunidades rurales, sindicaturas y cabeceras municipales, reconfigura la relación entre el poder y la ciudadanía.
Tere Guerra no es nueva en el terreno del compromiso social. Su trayectoria como activista y defensora de derechos humanos le otorga una legitimidad que trasciende los discursos.
Sin embargo, lo relevante hoy no es el perfil, sino la estrategia: abrir el Congreso a la calle, a los caminos polvorientos y a las voces que pocas veces llegan al pleno. Con más de 50 asambleas realizadas, la diputada convierte la rendición de cuentas en una herramienta de vinculación política y pedagógica, donde la gente no solo escucha, sino pregunta y evalúa.
En estas reuniones —acompañada por los legisladores Ambrocio Chávez y Rita Fierro— se ha puesto sobre la mesa una agenda legislativa que, según su propio planteamiento, busca consolidar una “etapa de transformación con sensibilidad social”.
Las reformas impulsadas en materia de seguridad, igualdad y justicia social, como el aumento de penas por homicidio doloso, la tipificación de la violencia en el noviazgo o las modificaciones para combatir el robo de vehículos, son ejemplos de un Congreso que intenta responder a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.
También destaca el énfasis en la igualdad sustantiva. Las reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Sinaloa, que garantizan la equidad salarial y promueven la presencia femenina en espacios de decisión, son avances significativos en un contexto donde las brechas de género siguen siendo visibles.
En este punto, la diputada Guerra refuerza un mensaje político que ha sido sello de Morena: gobernar con empatía hacia los sectores más vulnerables.
Sin embargo, el valor político de estas asambleas no radica solo en la información compartida, sino en el símbolo que representan: la recuperación del diálogo directo entre representantes y representados.
En tiempos donde la política suele medirse en encuestas y redes sociales, volver al contacto humano es un acto de congruencia.
El reto, no obstante, será mantener esa cercanía sin que se diluya en el discurso partidista. Porque la transformación que la diputada proclama solo podrá sostenerse si la voz ciudadana, la de esas familias que asisten a las asambleas con esperanza y escepticismo, logra influir realmente en la agenda legislativa.
Al final, Tere Guerra encarna una idea simple pero poderosa: legislar no es solo escribir leyes, sino construir confianza. Y en un Sinaloa donde la distancia entre la política y la gente ha sido una constante, esa puede ser la reforma más profunda de todas.
RELEVOS
Con una lectura más profunda que la de una simple rotación de cargos, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, realizó ajustes en tres áreas estratégicas de su administración, en lo que definió como parte de una evaluación permanente al desempeño de su equipo de trabajo.
Los movimientos, que incluyen la Secretaría de Bienestar, la Dirección de Comunicación Social y el Departamento de Gestiones de Presidencia Municipal, reflejan una apuesta por fortalecer la estructura interna del Ayuntamiento bajo una lógica de resultados, cercanía y eficiencia.
Durante la toma de protesta, Gámez Mendívil subrayó que estos relevos obedecen a un proceso continuo de revisión institucional, enfocado en optimizar la atención ciudadana y reforzar los ejes de transformación y bienestar que definen su gestión.
Los nuevos nombramientos —Itzel Margarita Estolano Ibarra en Bienestar, José Jaír Flores Téllez en Comunicación Social y Adalay Montoya Castro en Gestiones— representan un equilibrio entre juventud, experiencia y compromiso con el servicio público, pilares sobre los cuales el alcalde busca consolidar su administración.
Los recientes cambios no deben interpretarse como una señal de ruptura, sino como una decisión estratégica para afinar la operación interna y mejorar el desempeño de las dependencias con mayor impacto social.
En política, los movimientos dentro del gabinete suelen leerse en clave de poder, pero en este caso se inscriben en la lógica de la gestión: Gámez Mendívil mantiene el control político del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad técnica de su administración.
El nombramiento de Itzel Margarita Estolano Ibarra en la Secretaría de Bienestar envía una señal clara de continuidad y sensibilidad social. Exregidora y exservidora de la nación, su trayectoria en programas federales la vincula directamente con la estructura territorial y con las políticas de atención a grupos vulnerables.
En un municipio donde la desigualdad sigue siendo una de las principales preocupaciones, su llegada busca consolidar una política social más cercana y efectiva.
Por su parte, José Jaír Flores Téllez, nuevo titular de Comunicación Social, aporta una sólida experiencia en el ámbito de los medios y la comunicación institucional.
Su paso por el Gobierno del Estado y otros ayuntamientos le da una visión integral sobre el manejo de la información pública y la narrativa gubernamental, un aspecto crucial para una administración que apuesta por la transparencia y la cercanía ciudadana.
En tanto, Adalay Montoya Castro, quien asume el Departamento de Gestiones de Presidencia, representa la renovación de cuadros con experiencia operativa y conocimiento de la estructura municipal.
Su labor previa en Obras Públicas y en la dirección del Teatro MIA le otorga una perspectiva administrativa valiosa para fortalecer la atención directa a la ciudadanía.
Más allá de los nombres, el mensaje político del alcalde es contundente: todas las áreas del Ayuntamiento están bajo evaluación constante.
En un contexto donde la rendición de cuentas suele limitarse al discurso, la implementación de revisiones internas y la sustitución de titulares por desempeño proyectan una gestión más dinámica, exigente y enfocada en resultados.
Sin embargo, el reto para Gámez Mendívil será mantener este equilibrio entre exigencia y estabilidad institucional.
La eficiencia no depende únicamente de los relevos, sino de la continuidad de los proyectos, la coordinación entre áreas y la claridad en los objetivos.
Un exceso de ajustes podría generar incertidumbre; una revisión planificada, en cambio, puede traducirse en mayor efectividad.
Con estos cambios, Juan de Dios Gámez Mendívil reafirma su control político sobre la administración municipal, pero también su intención de consolidar un gobierno que combine disciplina, sensibilidad social y resultados tangibles.
En un momento en que Culiacán demanda cercanía, transparencia y soluciones, los movimientos en su gabinete no solo marcan un reacomodo institucional, sino una señal de rumbo: la búsqueda de un gobierno más eficiente, más humano y con los pies firmes en la realidad ciudadana.
VIVIENDA
El anuncio de la primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar marca un punto de inflexión en la política social de Sinaloa.
A partir de la segunda quincena de noviembre, 232 familias de Los Mochis recibirán su nuevo hogar en los fraccionamientos Nuevo Horizonte y Virreyes, en lo que constituye la primera etapa de un programa que busca materializar uno de los ejes más sensibles de la llamada Cuarta Transformación: el derecho a una vivienda digna.
Durante la conferencia Semanera, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, explicó que esta primera entrega es solo el inicio de una estrategia que beneficiará a miles de sinaloenses en los próximos meses.
En una segunda fase, las viviendas se distribuirán en Concordia, El Fuerte y Choix, donde los proyectos aún se encuentran en construcción.
El plan nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la edificación de 1.8 millones de hogares en todo el país, y Sinaloa aportará 36 mil viviendas a esa meta.
De ellas, 17 mil 500 serán del Infonavit, dirigidas a trabajadores afiliados; 15 mil corresponderán a la Conavi, enfocadas en familias sin seguridad social; y 4 mil al Fovissste, destinadas a empleados del Gobierno Federal.
López Campos subrayó que actualmente se desarrollan 13 proyectos de vivienda en ocho municipios del estado, con un avance de más de 11 mil casas en construcción, principalmente en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado.
La magnitud de estas cifras refleja una política que busca equilibrar el desarrollo urbano con la justicia social, priorizando a quienes históricamente han estado al margen del acceso a la vivienda.
Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que la presidenta Sheinbaum no tiene programada su visita para este primer acto, no descartó que participe en futuras entregas o supervisiones de obra, lo que reforzaría el vínculo entre la agenda federal y los esfuerzos estatales en materia de bienestar.
Más allá de la entrega simbólica, el programa representa un cambio estructural en la visión del desarrollo social.
La vivienda deja de concebirse como un beneficio aislado para convertirse en una política de justicia territorial y equidad. En un estado con amplias brechas de desigualdad, donde la urbanización ha avanzado muchas veces sin planificación ni inclusión, la llegada de este programa sienta las bases de una nueva lógica: la del bienestar con cimientos sólidos.
Con este primer paso, Sinaloa se coloca en el mapa nacional del nuevo modelo de desarrollo social que busca traducir el discurso del bienestar en hechos concretos. Y en ese proceso, cada casa entregada no solo significa un techo, sino una promesa cumplida: la de vivir con dignidad, seguridad y esperanza.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
Facebook,Instagram y X: PeriodistaMarco