RESCATE UNIVERSITARIO

La Universidad Autónoma de Sinaloa ha cerrado un capítulo de incertidumbre y carga histórica.
Con el pago final de más de 2 mil 900 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondiente al Impuesto Sobre la Renta retenido entre 2015 y 2019, la Casa Rosalina logra liberarse de una deuda que durante años simbolizó la falta de orden financiero y el distanciamiento con las autoridades estatales y federales.
El gobernador Rubén Rocha Moya, durante su conferencia Semanera, dio a conocer que su administración concluyó los 35 pagos mensuales de más de 87 millones 800 mil pesos que permitieron liquidar el adeudo, gracias a un acuerdo que incluyó compromisos de regularización y transparencia por parte de la propia universidad.
El mandatario fue claro al señalar que el objetivo no era únicamente pagar, sino corregir los procesos internos que habían generado el problema: “ustedes empiecen a timbrar su nómina”, explicó, aludiendo al compromiso de la institución de cumplir con el SAT de manera formal y constante.
El respaldo del Estado hacia la UAS no se limitó a lo financiero.
Rocha Moya también intervino ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evitar la suspensión del servicio médico a los universitarios, logrando un convenio con el director general Zoé Robledo, que otorgó al plantel mayor holgura en sus pagos y garantizó la continuidad de la atención a los trabajadores y sus familias.
Más allá de las cifras, este acto tiene un profundo significado político y moral. Representa una reconciliación entre el gobierno y una universidad que es mucho más que un ente administrativo: es un símbolo de identidad, movilidad social y pensamiento crítico en Sinaloa.
Rocha Moya ha sabido tender puentes donde antes había muros, y su apuesta ha sido por el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida.
Sin embargo, saldar una deuda económica no resuelve de inmediato la deuda ética ni la confianza social. La UAS enfrenta ahora un reto igual de importante: recuperar credibilidad y fortalecer su transparencia interna.
El gobernador ha propuesto establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para revisar temas estructurales como los tiempos completos, la nómina de asignatura y los pasivos laborales, siempre con una premisa central: proteger los derechos de los trabajadores activos y jubilados, pero también asegurar la sostenibilidad futura de la institución.
Rocha Moya lo resumió con sencillez: “Yo pongo un pedacito y tú pones otro”. Esa frase, más allá de lo coloquial, sintetiza una filosofía de gobierno basada en la corresponsabilidad.
La educación pública —como toda obra humana— necesita alianzas, compromiso y voluntad.
La UAS, liberada de un lastre que por años condicionó su autonomía financiera, tiene ahora la oportunidad de reinventarse.
Puede volver a concentrarse en su verdadero propósito: formar generaciones críticas, solidarias y capaces de transformar su entorno
. Y el Estado, por su parte, reafirma con hechos que la educación no se rescata con discursos, sino con decisiones que construyen futuro.
FACTOR DE CAMBIO
En estos tiempos difíciles que vive la capital del estado, la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025 emerge como una bocanada de aire fresco, un factor de cambio, y un parteaguas en la vida de la capital sinaloense.
No solo por los miles de visitantes que han colmado sus pasillos, sino porque demuestra que la cultura sigue siendo un punto de encuentro social, educativo y humano, que representa el punto de partida para una nueva visión de Culiacán y Sinaloa.
El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien llevó meses en gestiones, convenios y acuerdos, logró concretar esta mega feria, y al ver el éxito de esto, resumió con una frase que va más allá de la estadística: “ver a los jóvenes recorrer los pasillos y detenerse frente a los libros nos confirma que esta Feria cumple con su razón de ser”.
Y es cierto. En una sola jornada se registró la asistencia de más de 16 mil 500 personas, cifra que refleja no solo el éxito de convocatoria, sino la capacidad de Culiacán para reconectarse con el valor del conocimiento compartido.
El mérito de la FIL Culiacán 2025 radica en su visión incluyente. No se trata únicamente de un evento para lectores habituales o círculos académicos; es una fiesta ciudadana donde niñas, niños, jóvenes y maestros se convierten en protagonistas.
La participación de más de 50 escuelas de distintos niveles y comunidades rurales habla de una política cultural que busca cerrar brechas, llevar la lectura más allá del centro urbano y sembrar curiosidad en quienes tal vez nunca habían asistido a una feria de este tipo.
La apuesta del gobierno municipal ha sido clara: hacer de la cultura un espacio público vivo, donde converjan el arte, la literatura, la educación y la convivencia familiar.
Este enfoque, que ha contado con el apoyo de universidades, medios de comunicación y organizaciones educativas, proyecta una imagen distinta de la capital sinaloense: una ciudad que también puede celebrar sus ideas, su talento y su diversidad.
Más allá de los números y del éxito logístico, la FILCuliacán deja una lección profunda: cuando las instituciones apuestan por la cultura, la ciudadanía responde con entusiasmo y sentido de pertenencia.
En ese cruce entre gobierno y sociedad surge lo más valioso: la posibilidad de construir una comunidad unida por la palabra, la música y el pensamiento.
Que el cierre de esta edición tenga como broche el concierto de Francisco Céspedes no es casualidad. La música, como los libros, une sensibilidades. Y eso es justamente lo que esta Feria ha logrado: unir.
En estos tiempos en Sinaloa, la FIL Culiacán 2025 recuerda que el verdadero progreso no solo se mide en obras públicas, sino también en los espacios donde una ciudad se reconoce a sí misma en la cultura y en la esperanza compartida.
Un acierto del alcalde Juan de Dios Gámez.
JUSTICIA SOCIAL
En medio del contexto nacional de reconocimiento y reivindicación de los pueblos originarios, el anuncio de la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, marca un momento trascendental para Sinaloa.
Antes del 10 de diciembre —fecha simbólica por coincidir con el Día Internacional de los Derechos Humanos—, el Congreso estatal prevé aprobar una reforma constitucional que garantizará el respeto pleno a los derechos de las comunidades indígenas, alineando el marco local con el compromiso federal en materia de inclusión y justicia social.
Más allá del aspecto legislativo, la relevancia de esta reforma radica en su valor moral e histórico.
Por primera vez, el Estado de Sinaloa asumirá de manera formal que la diversidad cultural no es un adorno de discurso, sino un pilar de su identidad colectiva, y esto es un paso importante en la justicia social.
El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios no solo los visibiliza, sino que los coloca en el centro de la agenda pública, donde deben estar desde siempre: como sujetos de derechos y no como beneficiarios asistenciales.
La postura de Guerra Ochoa —quien ha destacado por su trabajo en temas de igualdad y derechos humanos— apunta hacia un cambio de paradigma legislativo: pasar de la política del reconocimiento simbólico a la política de la garantía efectiva.
Cuando la diputada señala que “no podemos dejar que cierre este año sin honrar ese compromiso”, no habla solo de una fecha límite, sino de una deuda moral histórica con los pueblos indígenas de Sinaloa, muchos de los cuales continúan enfrentando desigualdades estructurales, discriminación y exclusión en el acceso a la justicia, la educación y los servicios básicos.
La legisladora también anunció que, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentarán nuevas iniciativas enfocadas en erradicar la violencia en comunidades indígenas y migrantes.
Este enfoque transversal, que une los derechos de las mujeres con los derechos culturales y comunitarios, es una muestra de madurez legislativa y coherencia social. Reconoce que la violencia y la desigualdad no se pueden combatir desde compartimentos aislados, sino con políticas integrales que ataquen las causas y no solo los efectos.
El Congreso de Sinaloa tiene, en este proceso, la oportunidad de consolidar un acto de justicia social que trascienda los discursos.
Convertir en garantía constitucional la protección a los pueblos originarios significa reconocer que Sinaloa no puede aspirar a un desarrollo pleno si deja fuera a quienes sostienen buena parte de su historia, su lengua y su identidad cultural.
Este anuncio devuelve sentido a la palabra compromiso. La inclusión indígena no es solo un deber legal, es una expresión de respeto a la raíz más profunda del estado y una promesa de futuro: un Sinaloa más justo, plural y consciente de su diversidad.
La presentación del libro “La Decisión”, del periodista Héctor Ponce Tizoc, en el marco de la FIL Culiacán 2025, representa un motivo de reconocimiento y orgullo para el periodismo sinaloense.
Su obra, que revisita el proceso electoral de 2021 con mirada crítica y narrativa cercana, reafirma el valor de la crónica como ejercicio de memoria y análisis público.
La presencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del académico Sergio Mario Arredondo Salas en este acto simboliza el diálogo entre política, academia y periodismo: tres pilares indispensables para entender nuestra vida democrática.
Desde este espacio, felicitamos a nuestro amigo Héctor Ponce Tizoc por transformar su experiencia profesional en una aportación al pensamiento contemporáneo de Sinaloa. “La Decisión” no solo reconstruye un episodio político, sino que invita a reflexionar sobre cómo se escribe la historia reciente desde la voz de quienes la cuentan.
Un acierto que enriquece la Feria, dignifica al periodismo y celebra la palabra como puente entre la memoria y la ciudadanía.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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