México atraviesa una etapa distinta en su estrategia de seguridad frente al crimen organizado, caracterizada por un mayor énfasis en resultados operativos, inteligencia y fortalecimiento institucional, de acuerdo con un análisis expuesto por la senadora Imelda Castro Castro.
En su reflexión, la legisladora contextualiza el problema de la violencia en el país desde el crecimiento de los cárteles de la droga en las décadas de 1970 y 1980, cuando estas organizaciones dejaron de ser estructuras locales para convertirse en redes criminales con alcance internacional, favorecidas por la corrupción institucional y la debilidad del sistema de justicia de aquellos años.El texto subraya que la cercanía geográfica con Estados Unidos ha sido un factor determinante en la consolidación del crimen organizado, debido a la alta demanda de drogas, los bajos costos de traslado y el flujo de armas, lo que ha intensificado la disputa por rutas y territorios en México. Estas condiciones, señala, hacen que el combate a la delincuencia en el país represente un desafío singular a nivel global.Desde octubre de 2024, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, se ha impulsado una estrategia que combina inteligencia, coordinación entre niveles de gobierno y acciones focalizadas contra generadores de violencia. Entre las medidas destacadas se encuentra el combate a la extorsión, con un plan nacional presentado en 2025 que contempla denuncias anónimas y el bloqueo de bienes vinculados a redes criminales, así como reformas legales aprobadas en el Congreso.
De acuerdo con datos oficiales citados en el análisis, los homicidios dolosos han registrado una disminución sostenida desde el inicio de la actual administración, con una reducción aproximada del 40 por ciento entre 2024 y finales de 2025. No obstante, se reconoce que persisten desafíos importantes en entidades donde el poder de los grupos criminales se ha arraigado por décadas, como Sinaloa, lo que ha requerido una mayor presencia de fuerzas federales.
El panorama descrito apunta a avances relevantes, aunque también a la necesidad de mantener esfuerzos constantes y adaptativos para enfrentar un fenómeno de violencia estructural y de carácter transnacional, con el objetivo de consolidar los resultados en el largo plazo.
