La ratificación de Sandra Guadalupe Angulo Cázarez como titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas representa un movimiento institucional que combina dos señales claras: la apuesta del Gobierno del Estado por la continuidad administrativa en materia de control interno y, al mismo tiempo, el compromiso del Congreso por mantener una vigilancia permanente sobre el desempeño de esta área estratégica.
Con 37 votos a favor, el respaldo del Poder Legislativo fue amplio y transversal. No se trató solo de un aval político, sino de un reconocimiento a un perfil técnico construido desde la experiencia operativa dentro de la administración estatal.
Durante la sesión, se destacó su paso por áreas como Obras Públicas, Administración y Finanzas e Innovación Gubernamental, es decir, espacios donde la gestión de procesos, la normatividad interna y el control administrativo resultan fundamentales para la operación pública.
Este énfasis en la trayectoria confirma que el nombramiento busca sostener una línea de trabajo ligada a la funcionalidad institucional más que a la rotación por razones políticas.
Al mismo tiempo, la referencia al desempeño de la administración saliente —con resultados favorables ante la Auditoría Superior de la Federación— proyecta un mensaje de estabilidad y continuidad. La Secretaría no solo administra normas y procedimientos: también es una pieza clave en la construcción de confianza pública y en la percepción ciudadana sobre el uso de los recursos estatales.
En ese sentido, el nombramiento no se inscribe únicamente en la dinámica de un cambio administrativo, sino en la intención de preservar un modelo de gestión que ya ha sido validado en términos técnicos.
Sin embargo, la postura expresada desde la oposición introduce un matiz relevante. El acompañamiento legislativo no se plantea como un acto incondicional, sino como un respaldo sujeto a seguimiento y evaluación.
La advertencia de que la ratificación no equivale a un “cheque en blanco” coloca el desempeño de la funcionaria bajo un marco de vigilancia institucional que fortalece el equilibrio entre control interno y fiscalización externa.
Particularmente, la atención puesta en las funciones que antes correspondían a la autoridad de acceso a la información pública abre un espacio de debate sobre los alcances y responsabilidades que ahora recaerán en la Secretaría.
Desde el Ejecutivo, la toma de protesta refuerza la narrativa de orden administrativo, disciplina del gasto y ejercicio responsable de la información pública.
El llamado a actuar con eficiencia y apego a la normatividad reafirma que el nombramiento se inscribe en una agenda orientada a consolidar mecanismos de rendición de cuentas como parte del funcionamiento cotidiano del gobierno.
En este contexto, el reto central no radica únicamente en la continuidad del modelo técnico, sino en su capacidad para responder a las expectativas de transparencia en una etapa de mayor escrutinio social y legislativo.
La Secretaría asume responsabilidades en un escenario donde la confianza pública se construye no solo con resultados administrativos, sino también con apertura, claridad y legitimidad frente a los órganos de fiscalización y la ciudadanía.
La ratificación de Angulo Cázarez puede interpretarse como un mensaje de estabilidad institucional, pero también como el inicio de un periodo en el que la transparencia será observada con mayor rigor.
La eficacia de su gestión dependerá de su habilidad para consolidar procesos, fortalecer controles y, al mismo tiempo, sostener un diálogo permanente con los poderes del Estado y con la sociedad. En un entorno donde la rendición de cuentas deja de ser un discurso para convertirse en una exigencia estructural, la transparencia no solo se administra: se demuestra en cada decisión pública.
ACCIONES
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales no es un fenómeno aislado ni reciente; es el reflejo de una falla estructural del Estado y de la sociedad en su conjunto.
La iniciativa presentada por el diputado Bernardino Antelo Esper busca colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha sido normalizada: la incorporación temprana de menores a dinámicas delictivas como resultado de contextos de desigualdad, violencia comunitaria y ausencia de oportunidades reales.
El enfoque de la propuesta resulta relevante porque parte de una premisa correcta: los menores reclutados no son delincuentes en formación, sino víctimas de un entorno que los empuja a esos escenarios.
La idea de impulsar protocolos de detección temprana, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa implica reconocer que el problema no se resuelve desde la lógica del castigo, sino desde la prevención y la reconstrucción del tejido social.
Colocar a instituciones como SIPINNA, Seguridad Pública, Educación y Fiscalía en un esquema de coordinación interinstitucional también es un acierto, pues el fenómeno es multicausal y no puede abordarse desde una sola trinchera.
Sin embargo, la magnitud de las cifras expuestas obliga a una reflexión más profunda. Si a nivel nacional se estima que hasta 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados y en Sinaloa existen decenas de adolescentes ya judicializados por actividades ligadas al crimen, entonces el problema no solo está identificado, sino instalado.
Los datos sobre jóvenes de entre 18 y 29 años detenidos por delitos sugieren una continuidad generacional: muchos de los que hoy aparecen en expedientes penales iniciaron su contacto con la criminalidad en etapas tempranas de su vida. Eso evidencia que el sistema preventivo ha llegado tarde o, en ocasiones, simplemente no ha existido.
La iniciativa legislativa abre una discusión necesaria, pero también exhibe los límites del discurso institucional.
Se habla de protocolos y políticas públicas, pero no se explicitan mecanismos de financiamiento, plazos de implementación ni indicadores de impacto.
Tampoco se profundiza en factores estructurales como la deserción escolar, la precariedad laboral, la ruptura familiar o la falta de espacios comunitarios que brinden alternativas reales a los jóvenes. Sin atender estas causas de origen, cualquier política corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo.
Otro elemento a considerar es el uso político del tema. Al cerrarse el posicionamiento desde la bancada que impulsa la propuesta, existe el riesgo de que la discusión se traslade al terreno partidista en lugar de convertirse en una estrategia de Estado.
El reclutamiento criminal de menores no admite banderas ideológicas; demanda corresponsabilidad institucional, continuidad administrativa y evaluación permanente de resultados.
Si el objetivo es evitar que más generaciones sean absorbidas por el crimen organizado, la respuesta no puede limitarse a reformas legales.
Se requiere una política pública sostenida, con presupuesto asignado, participación comunitaria y articulación real entre escuelas, familias, organizaciones civiles y autoridades. No basta con reconocer que el problema existe: es necesario construir oportunidades tangibles para quienes hoy siguen viviendo al filo de la violencia y la marginación.
La iniciativa es un paso en la dirección correcta, pero el verdadero desafío será convertirla en acciones concretas.
De lo contrario, el país seguirá produciendo diagnósticos, mientras los niños y adolescentes continúan siendo la cara más vulnerable —y silenciosa— de una realidad que todavía no sabemos afrontar.
LOS RETOS
La Universidad Autónoma de Sinaloa inicia 2026 bajo un escenario financiero complejo que refleja tensiones acumuladas en su estructura presupuestal.
El propio rector Jesús Madueña Molina reconoce que el cierre del año anterior fue posible gracias a préstamos y apoyos del Gobierno del Estado, lo que permitió cumplir con obligaciones laborales, pero también significó cargar parte de los compromisos de 2025 sobre el presupuesto del nuevo ejercicio.
En la práctica, esto coloca a la institución en una dinámica de adelanto de recursos y de financiamiento condicionante para su operación anual.
El rector señala que la falta de apoyos extraordinarios federales y el contexto económico nacional influyeron en este escenario, al tiempo que destaca que el incremento estatal al subsidio irreductible y la llamada “Reingeniería” institucional podrían generar márgenes de respiro para 2026.
Sin embargo, también anticipa que dichos recursos no serán suficientes para resolver por completo el déficit, lo cual confirma que la universidad continuará operando bajo un esquema de presión presupuestal constante.
Las medidas anunciadas, entre ellas compactación administrativa, ahorros en estructura, creación de un fideicomiso para nuevas generaciones de trabajadores y retenciones graduales a jubilados y personal activo, buscan dar viabilidad financiera a mediano plazo.
No obstante, también implican ajustes internos que requieren consenso, claridad en su aplicación y mecanismos de transparencia que garanticen certidumbre a la comunidad universitaria.
El mensaje institucional plantea una ruta de contención y ordenamiento financiero, pero deja abierta la interrogante sobre la sostenibilidad del modelo en el largo plazo.
La dependencia recurrente de apoyos extraordinarios, los pagos pendientes a instancias fiscales y de seguridad social y el endeudamiento temporal reflejan que la solución no puede limitarse únicamente a medidas administrativas, sino que demanda una revisión integral del esquema de financiamiento universitario y de su ejercicio presupuestal.
En este contexto, la UAS enfrenta un doble reto: cumplir con sus responsabilidades laborales y académicas, y al mismo tiempo fortalecer la confianza interna mediante información clara, evaluación permanente de sus estrategias de ajuste y diálogo con los sectores que expresan inconformidad.
La estabilidad institucional dependerá, en gran medida, de la capacidad para equilibrar disciplina financiera con cohesión universitaria.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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