Culiacán, Sinaloa. El impacto de la violencia en Sinaloa ha llegado a niveles alarmantes, afectando directamente la vida escolar de miles de niñas, niños y adolescentes. En los últimos ocho meses, más de 2,400 escuelas de educación básica —equivalente al 42% de los planteles del estado— han cerrado temporalmente a causa de la inseguridad, generando una crisis educativa que, según el PAN, no puede seguir siendo ignorada.
“La educación en Sinaloa está secuestrada por el miedo y la omisión del Gobierno”, sentenció la diputada Roxana Rubio, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, durante una conferencia de prensa en el Congreso del Estado. Acompañada por el diputado Jorge González, la legisladora hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública y Cultura para intervenir de inmediato.
Rubio reveló datos preocupantes: en municipios como Culiacán, la asistencia escolar se ha desplomado hasta en un 80% durante episodios de violencia. En preescolar, apenas el 10% de los niños acude a clases; en primaria, el 11%; y en secundaria, apenas el 27%.
“Esto no solo interrumpe el aprendizaje, también deja secuelas emocionales profundas en una generación que necesita escuelas seguras y entornos estables”, advirtió.
Los legisladores panistas también recordaron que pruebas como ENLACE y PISA ya han evidenciado rezagos significativos en comprensión lectora y matemáticas, situación que se agrava en entornos marcados por la violencia y la incertidumbre.
“La evaluación PISA 2022 reveló que más del 60% de los estudiantes no alcanzaron los niveles mínimos en lectura y matemáticas. ¿Qué más necesita el Gobierno para actuar?”, cuestionó el diputado Jorge González.
Frente a este panorama, el PAN en el Congreso local presentó un exhorto formal dirigido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que, en coordinación con el INEGI, el CONEVAL y otras instituciones, se realice un diagnóstico integral que permita dimensionar el impacto de la violencia en el rezago educativo.
Entre las medidas urgentes que proponen se encuentran: recuperación de clases perdidas, atención psicológica para estudiantes, fortalecimiento de la infraestructura escolar, capacitación docente en contextos de crisis, y la implementación de un plan emergente de seguridad en las escuelas.
“Necesitamos datos reales y actualizados para diseñar políticas públicas efectivas. No podemos seguir improvisando mientras el futuro de nuestra niñez se desmorona”, concluyó Roxana Rubio.
