En México, el campo ha vuelto a colocarse en el centro del debate público. No por una reforma histórica ni por un repunte económico, sino por el paro nacional de productores, una movilización que ya no puede explicarse únicamente como inconformidad coyuntural, sino como síntoma de un modelo agotado. El país rural ese que produce los alimentos que sostienen a la nación y que, paradójicamente, vive entre la incertidumbre y la desprotección ha decidido detenerse para hacerse escuchar.
Las carreteras bloqueadas y la presencia de tractores en distintas ciudades revelan una verdad incómoda: los productores no protestan por gusto; protestan porque sienten que la estructura económica actual los ha dejado atrás. Entre precios deprimidos, costos de producción al alza y políticas públicas que no terminan de atender la realidad del mercado, el productor mexicano ha quedado atrapado entre el discurso de la autosuficiencia alimentaria y la dura realidad del libre mercado global.
El apoyo del gobernador de Sinaloa: política y cálculo regional
En Sinaloa, un estado donde el campo no es sólo una actividad productiva sino parte de la identidad social, el gobernador ha optado por una postura de respaldo abierto a los productores. Este apoyo no es menor: Sinaloa es líder en granos y hortalizas, y cualquier tensión entre productores y federación tiene un impacto nacional.
El gobernador ha buscado posicionarse como un mediador político, alguien que entiende que sin rentabilidad no hay campo, y sin campo no hay estabilidad económica ni social. Este acompañamiento ha sido leído por los productores como un gesto de legitimidad, pero también por analistas como un movimiento estratégico para proteger la economía regional y mantener gobernabilidad en un sector históricamente sensible.
En un país donde la relación con la federación define el margen de maniobra de los estados, el apoyo del gobernador sinaloense es una señal clara: el conflicto del campo dejó de ser local para transformarse en un tema de Estado.
Amenazas y presiones desde el gobierno federal
En contraste, la relación entre el gobierno federal y los productores se ha tensado. Desde advertencias sobre posibles sanciones por bloqueos hasta el uso de discursos que califican las protestas como intereses “privados” o “politizados”, la narrativa federal ha escalado el conflicto en lugar de desactivarlo.
Para los productores, estas posturas se sienten como amenazas directas: ser ignorados o descalificados desde el centro del poder solo alimenta el resentimiento de un sector que ya percibe que sus aportaciones económicas no se reflejan en apoyos proporcionales.
La realidad es que la federación enfrenta un dilema complejo: abrir la puerta a negociaciones profundas implica reconocer fallas en la política agrícola; cerrar esa puerta implica arriesgar la estabilidad de uno de los sectores más estratégicos del país. En cualquier caso, la tensión demuestra que el modelo actual ya no es sostenible.
La nueva Ley de Aguas: ¿solución o incertidumbre?
En medio de este escenario, avanza la propuesta de una nueva Ley General de Aguas, un instrumento que podría redefinir el acceso, regulación y administración del recurso más estratégico para el campo: el agua.
Desde una perspectiva neutral, la reforma tiene luces y sombras:
Luces
- La necesidad de modernizar un marco legal obsoleto es innegable.
- La administración más transparente y el combate a concesiones irregulares son pasos importantes.
- La intención de privilegiar el uso humano y ecosistémico está en línea con estándares internacionales.
Sombras
- Persiste el temor entre productores a que la ley derive en restricciones más severas para el uso agrícola.
- Falta claridad sobre cómo se compensará económicamente a sectores que puedan resultar afectados.
- El riesgo de una aplicación discrecional o politizada, especialmente en regiones donde el agua es poder.
La ley puede ser una oportunidad histórica para ordenar el uso del agua en un país con estrés hídrico creciente; pero si se implementa sin diálogo, podría convertirse en un nuevo detonante de conflicto social.
Un país que no puede darse el lujo de ignorar al campo
El paro nacional no es una protesta más. Es la consecuencia lógica de años de desarticulación entre discurso y realidad, entre la visión federal y las necesidades productivas, entre la tecnocracia de escritorio y la economía de tierra mojada.
México necesita a su campo productivo y pacificado.
Los productores necesitan certidumbre económica.
Los estados necesitan acompañamiento y facultades claras.
Y la federación necesita escuchar más y confrontar menos.
El país está ante una encrucijada: o convierte la crisis en una oportunidad para redefinir su política agrícola, o seguirá administrando conflictos que solo crecerán.
Porque cuando el campo se detiene, México completo se detiene.
