Durante más de una década, el proyecto industrial de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo ha provocado una de las discusiones ambientales, sociales y económicas más complejas del norte de Sinaloa. Por un lado, se encuentran quienes defienden la protección de la Bahía de Ohuira, la pesca, los manglares y los derechos de las comunidades indígenas; por el otro, quienes consideran que la inversión, el empleo y la producción nacional de fertilizantes representan una oportunidad histórica para el desarrollo regional.
En medio de esas posiciones, el Gobierno de México presentó un Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira. La propuesta contempla acciones ambientales, sociales, productivas, económicas y de protección civil, construidas a partir de las mesas de diálogo entre autoridades, comunidades, pueblos indígenas, integrantes del colectivo ¡Aquí No! y representantes de la empresa GPO.
El primer elemento que debe reconocerse como positivo es el acercamiento del Gobierno Federal con el colectivo ¡Aquí No! Independientemente de que se compartan o no todas sus posiciones, sus integrantes representan una lucha social que durante años ha expresado preocupaciones legítimas sobre el futuro de la bahía y de las comunidades que dependen de ella.
Que hayan sido escuchados y tomados en cuenta habla de madurez política. También muestra una de las columnas vertebrales que el gobierno de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ha pretendido colocar en el centro de su actuación: dialogar antes que imponer, atender las causas de los conflictos y construir soluciones con participación social.
Las luchas sociales en nuestro país siempre serán bienvenidas cuando estén correctamente argumentadas, se sustenten en información verificable y busquen proteger derechos colectivos. La protesta y la organización ciudadana forman parte de una DEMOCRACIA VIVA. Sin embargo, también debe decirse con claridad que ninguna lucha puede convertirse permanentemente en una barrera infranqueable para el desarrollo regional.
Defender el medio ambiente no debe significar renunciar automáticamente a la inversión, así como promover el crecimiento económico tampoco puede significar ignorar a las comunidades o minimizar los riesgos ambientales. El verdadero reto consiste en encontrar un punto de equilibrio entre producción, bienestar social, protección ecológica y seguridad para la población.
El plan presentado parece avanzar en esa dirección. Entre sus propuestas se encuentran una nueva línea base ambiental con participación comunitaria, la creación de un Comité Comunitario de Vigilancia, el monitoreo permanente de la calidad del agua, la conservación de manglares, el saneamiento de la bahía y la protección de especies. También se plantean modificaciones en los sistemas de captación y descarga de agua vinculados con la operación industrial.
En el terreno social y económico, se consideran programas para pescadores, repoblamiento de especies, equipamiento productivo, mejores mecanismos de comercialización para productos como la jaiba y el callo, así como alternativas para facilitar a los agricultores el acceso a fertilizantes en condiciones más competitivas. Además, se incluyen obras de vivienda, agua potable, drenaje, alumbrado, caminos, espacios comunitarios y apoyos educativos.
Estos beneficios no son menores. Si se aplican correctamente, podrían mejorar la calidad de vida de numerosas familias de Topolobampo, Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y otras comunidades cercanas. También podrían fortalecer las actividades pesqueras, brindar mayores oportunidades a los pueblos indígenas Mayo-Yoreme y generar condiciones para que el desarrollo industrial tenga una verdadera dimensión social.
La creación de un fideicomiso con participación comunitaria también puede convertirse en una herramienta importante, siempre que exista transparencia, reglas claras y rendición de cuentas. No se trata únicamente de entregar apoyos temporales, sino de construir capacidades productivas y obras que permanezcan aun después de que disminuya la atención política sobre el conflicto.
No obstante, el plan debe ser evaluado con prudencia. Presentar un documento no equivale a resolver un problema. Habrá que conocer los plazos, presupuestos, responsables, indicadores de cumplimiento y mecanismos de supervisión. También será necesario observar si el colectivo ¡Aquí No! acepta completamente los acuerdos o si considera que todavía existen asuntos pendientes.
El Gobierno Federal ha dado un paso correcto al sentar a las partes, recoger sus planteamientos y proponer una salida integral. Ahora viene la etapa más difícil: convertir los compromisos políticos en acciones medibles.
Todo es y será posible cuando las partes lleguen a los acuerdos esperados. Ni la empresa puede avanzar sin responsabilidad social y ambiental, ni las autoridades pueden limitarse a administrar el conflicto, ni los colectivos pueden cerrar indefinidamente la puerta a cualquier alternativa de desarrollo.
La Bahía de Ohuira puede convertirse en un ejemplo internacional de conciliación entre inversión, protección ambiental, derechos indígenas y bienestar comunitario. Para ello se necesitará voluntad, vigilancia ciudadana, cumplimiento empresarial y una participación permanente del Estado.
El diálogo ya comenzó. Ahora corresponde demostrar que los acuerdos pueden beneficiar a las familias topolobampenses, a los pescadores, a las comunidades indígenas y al norte de Sinaloa en su conjunto. El desarrollo no debe imponerse, pero tampoco debe detenerse cuando existen condiciones para construirlo de manera responsable.
Soy Jaime Antonio Flores Urias
