CHISPAZO / Felipe Guerrero Bojórquez
La marcha de ayer domingo en Culiacán no debe medirse solamente por el número de personas, miles por cierto, que caminaron desde La Lomita hasta Catedral. Su verdadera dimensión está en otra parte: una sociedad sometida durante dos años a la violencia extrema, decidió salir a la calle y romper el cristal de su miedo íntimo.
Bien por sus líderes, por dirigentes como Martha Reyes y Miguel Taniyama, entre otros, que no han tenido ni tendrán tiempo para doblarse, a pesar de las enormes presiones.
Marcharon madres que buscan a sus hijos. Familias de asesinados y desaparecidos. Empresarios, comerciantes, agricultores, trabajadores, jóvenes. Gente que ha visto cerrar negocios, perder empleos, desaparecer amigos o familiares y convertir actividades tan elementales como llevar a los hijos a la escuela o regresar del trabajo en una apuesta contra la incertidumbre.
Eso explica el espíritu de la marcha.
No fue solamente una movilización por la paz. Fue una expresión de hartazgo frente a la impunidad y frente a un Estado que no ha podido devolverle a la sociedad la tranquilidad que constitucionalmente está obligado a garantizar.
Porque después de dos años las mismas respuestas han caducado y se ha vuelto repulsivo ese tonito de falsa preocupación que se desprende del cinismo crónico.
Y es que no basta decir que se investiga mientras se acumulan carpetas ministeriales y los hechos violentos se siguen multiplicando. No basta presentar estadísticas favorables que nada tienen que ver con la realidad de quienes viven en Culiacán y Mazatlán. Mucho menos maquillar los hechos mediante reclasificaciones delictivas capaces de mejorar un número, pero incapaces de impedir las desapariciones, los feminicidios, de levantar una cortina comercial o quitarle el miedo a una familia.
La marcha tiene, por eso, una enorme carga política aunque no haya sido partidista.
Es la expresión más genuina de una sociedad pisoteada en sus derechos que empieza a entender que permanecer callada también alimenta la impunidad. ¡Ya basta de esa maldita costumbre de poner el lomo guardando silencio!
Y ayer ciudadanos de Culiacán dijeron que no quieren someterse mas y decidieron cambiar el miedo por un grito de batalla. Un grito dirigido a quienes están al frente del poder. No como un reclamo formal, sino como una exigencia ante quien consideran desvió su compromiso constitucional. Y es que la gente, ante tanta impunidad, no puede evitar la sospecha de un pacto entre quienes representan la autoridad y los generadores de violencia.
Quienes marcharon no están pidiendo explicaciones: están exigiendo resultados.
Sería un error monumental responder a una movilización ciudadana con otro comunicado, una conferencia de prensa o con una nueva estadística.
Y los resultados que el ciudadano quiere se inscriben dentro de los derechos más elementales.
Su derecho a levantarse sin estrés, llevar a sus hijos a la escuela, abrir su negocio, su oficina, sin pensar cuándo bajarán definitivamente sus cortinas; quieren trabajar, regresar a casa y proyectar el futuro sin preguntarse siempre quién será la próxima víctima.
Eso debería estremecer a cualquier autoridad.
La gobernadora Graciela Domínguez, de antemano, reconoció el valor cívico de la movilización. Y eso está bien. Pero ahora viene lo verdaderamente importante: convertir ese reconocimiento en acciones capaces de reconstruir una confianza destruida.
Frente a una sociedad que perdió el miedo de salir a exigir, el Estado ya no puede refugiarse detrás del escritorio.
La marcha planteó un dilema central a quienes representan el Estado de derecho:
o están del lado de quienes juraron proteger o permiten que la impunidad siga gobernando las calles.
Culiacán se puso de pie. Ahora falta saber si el gobierno también puede hacerlo. Y a la altura de la circunstancia.
