En Sinaloa hemos aprendido a convivir con demasiadas cosas. Con la violencia, con el miedo, con las ausencias y, también, con los mensajes que poco a poco se vuelven parte del paisaje cotidiano.
Por eso la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado para prevenir la apología del delito en espacios públicos merece una reflexión más profunda que el simple debate sobre si se podrán o no escuchar narcocorridos.
La discusión de fondo no es una canción.
La discusión es qué mensajes está validando una sociedad cuando normaliza que en una escuela, un camión urbano, una plaza pública o un evento gubernamental se exalten figuras, conductas o estilos de vida ligados a la violencia y a la actividad criminal.
La reforma ha despertado reacciones encontradas. Para algunos representa un intento necesario por recuperar espacios públicos y promover una cultura de paz. Para otros, abre la puerta a cuestionamientos sobre la libertad de expresión y los límites que debe tener la intervención del Estado.
Ambas preocupaciones son legítimas.
Sin embargo, también es cierto que la iniciativa aprobada no pretende regular lo que ocurre dentro de los hogares ni establecer una censura generalizada sobre las preferencias musicales de la población. Lo que busca es fijar criterios para aquellos espacios donde existe una responsabilidad pública sobre los contenidos que se difunden.
La diferencia puede parecer menor, pero no lo es.
Los gobiernos tienen la obligación de garantizar condiciones que favorezcan la convivencia social. Del mismo modo que existen reglas para la publicidad oficial, para la protección de niñas, niños y adolescentes o para el uso de instalaciones públicas, también resulta razonable discutir qué tipo de mensajes se reproducen en entornos financiados o administrados por el Estado.
El reto, sin embargo, comienza ahora.
Porque las reformas legales suelen ser la parte más sencilla del proceso. Lo verdaderamente complicado es construir una cultura distinta.
Ninguna ley, por sí sola, modificará las condiciones que han permitido que la violencia se convierta en un referente aspiracional para algunos sectores. Ningún decreto cambiará automáticamente las historias que se cuentan, los símbolos que se admiran o las realidades que viven miles de jóvenes.
La construcción de paz requiere mucho más que prohibiciones o restricciones. Exige oportunidades, educación, espacios culturales, comunidades fuertes y gobiernos capaces de ofrecer alternativas reales.
El desafío para Sinaloa no está en una reforma ni en una votación unánime. Está en algo mucho más complejo: decidir qué tipo de sociedad quiere ser después de años en los que la violencia dejó de ser una noticia extraordinaria para convertirse en parte de la conversación cotidiana.
Las leyes pueden marcar límites. La transformación cultural, en cambio, depende de todos.