“Cuando no comprendemos una cosa, es preciso declararla absurda o superior a nuestra inteligencia, y generalmente, se adopta la primera determinación”, Concepción Arenal (1820-1893) Periodista, socióloga y escritora española.
¿EN VEREMOS?
Hay crisis que llegan de golpe y otras que se construyen lentamente, en silencio, mientras las instituciones aprenden a sobrevivir administrando incertidumbre. La Universidad Autónoma de Sinaloa parece haber llegado precisamente a ese punto: al límite donde la resistencia financiera comienza a transformarse en un problema social de gran escala.
El posicionamiento enviado por el rector Jesús Madueña Molina a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es un comunicado ordinario. Tampoco es únicamente una petición presupuestal. Es, en realidad, un mensaje político cuidadosamente estructurado para advertir que la crisis económica universitaria ya no puede esconderse detrás de discursos de estabilidad institucional.
La UAS eligió un tono que mezcla reconocimiento, advertencia y presión moral. Primero recordó lo que representa: la universidad más grande del noroeste del país, una institución con 153 años de historia, con presencia científica, deportiva, cultural y académica; una universidad que presume investigadores, resultados y expansión educativa. Después vino el contraste: el riesgo de suspender actividades sustantivas por falta de recursos.
Y ahí está el verdadero fondo del mensaje.
Porque cuando una universidad pública advierte que podría dejar de operar parcialmente, no está hablando solamente de nóminas o déficit contable. Está hablando de movilidad social, de estabilidad regional y, sobre todo, de futuro.
En Sinaloa, la UAS no es solo una institución educativa. Es una estructura social completa. En muchos municipios representa la única posibilidad real de acceso a educación superior para miles de jóvenes.
Es también un refugio económico para familias enteras que encuentran en la universidad empleo, becas, investigación o desarrollo cultural. Su peso político, territorial y humano es demasiado grande como para reducir el debate a una cifra presupuestal.
Por eso el documento universitario parece construido bajo una lógica muy específica: dejar claro que el problema financiero ya no puede interpretarse como una deficiencia administrativa aislada, sino como un riesgo para la estabilidad educativa del estado.
La frase utilizada por la universidad —“cada aula sin poder abrir representa sueños truncados”— no fue casual.
Es una línea diseñada para mover la discusión del terreno técnico al terreno humano. Porque en términos políticos, pocas cosas generan mayor presión que colocar el futuro de miles de jóvenes en el centro del debate público.
Sin embargo, detrás del discurso también existe una realidad inevitable: la crisis financiera de la UAS no nació ayer.
Las universidades públicas estatales llevan años enfrentando un modelo financieramente desgastado. Crecieron en matrícula, infraestructura y cobertura, pero no necesariamente en sostenibilidad.
Los sistemas pensionarios se volvieron pesadas cargas presupuestales; las obligaciones laborales aumentaron; los subsidios dejaron de crecer al ritmo de las necesidades reales; y los rescates extraordinarios comenzaron a convertirse en soluciones recurrentes, pero temporales.
La UAS parece reconocer parcialmente ese escenario cuando habla de una “reingeniería integral” y de reformas relacionadas con jubilaciones y pensiones en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior encabezada por Ricardo Villanueva Lomelí. Ahí existe una señal importante: la universidad intenta mostrar disposición a modificar estructuras históricamente intocables.
Y eso tiene implicaciones profundas.
Porque durante décadas, muchas universidades públicas mexicanas construyeron esquemas internos difíciles de sostener a largo plazo.
El problema es que cualquier intento de reforma suele chocar con intereses sindicales, resistencias políticas y costos sociales enormes. Tocar pensiones, prestaciones o mecanismos laborales dentro de las universidades nunca es un asunto sencillo.
Por eso el comunicado también intenta repartir responsabilidades. La narrativa institucional insiste en que trabajadores, jubilados, sindicato y administración han asumido sacrificios compartidos bajo criterios de austeridad y transparencia.
Es una manera de enviar otro mensaje al Gobierno Federal: “la universidad ya está haciendo su parte”.
Pero el trasfondo político no puede ignorarse.
La UAS llega a este momento después de años particularmente complejos en su relación con el poder político estatal.
La disputa por la autonomía universitaria, las reformas internas, los procesos judiciales y las tensiones institucionales marcaron una etapa de confrontación que debilitó la estabilidad del entorno universitario.
Ahora el escenario parece distinto.
Con el cambio en el contexto político nacional y estatal, la universidad intenta reconstruir canales de interlocución con el Gobierno Federal.
El llamado directo a la presidenta Sheinbaum refleja precisamente eso: una búsqueda de respaldo político, financiero y simbólico.
El problema para la Federación es que la situación de la UAS podría convertirse en precedente. Si el Gobierno Federal abre nuevamente la puerta a rescates extraordinarios permanentes, otras universidades públicas en condiciones similares podrían exigir el mismo trato.
Pero si decide no intervenir, el costo político de un deterioro operativo en la principal universidad de Sinaloa podría ser considerable.
Y ahí aparece la pregunta de fondo que el país sigue evitando responder: ¿qué modelo de universidad pública quiere sostener México en las próximas décadas?
Porque el debate ya no es únicamente cuánto dinero necesita la UAS.
El verdadero debate es si el sistema de financiamiento universitario actual sigue siendo viable o si México está entrando a una etapa donde las universidades deberán transformarse profundamente para sobrevivir.
La UAS parece entenderlo.
Por eso su posicionamiento no solo pide apoyo. También intenta justificar su relevancia histórica, social y territorial. Intenta recordar que, pese a sus crisis, sigue siendo una institución fundamental para Sinaloa.
Y quizá ahí reside la mayor fuerza del mensaje universitario.
No en la advertencia financiera.
Sino en la posibilidad de que, detrás de los números, el estado termine descubriendo que dejar debilitar a su principal universidad pública puede resultar mucho más costoso que rescatarla.
DE FRENTE
En política, los silencios también comunican. Y en medio de la crisis que atraviesa Sinaloa, la reaparición pública de la senadora Imelda Castro Castro en Guasave dejó más lecturas políticas que legislativas.
El evento ocurre en un momento complejo para Morena: la licencia de Rubén Rocha Moya, el gobierno interino de Yeraldine Bonilla y la presión nacional sobre el estado han obligado al movimiento a priorizar estabilidad antes que confrontación interna.
Por eso, la presencia de Imelda Castro no parece casual. La senadora reapareció con una estrategia clara: mantener vigencia política sin romper equilibrios dentro del morenismo sinaloense.
El mensaje fue moderado, institucional y enfocado en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Sin estridencias ni confrontaciones, la legisladora mostró capacidad de convocatoria y presencia territorial en una de las regiones políticamente más importantes del norte del estado.
Y eso, en tiempos de incertidumbre, tiene peso.
Morena entiende que hoy el mayor riesgo no solo es la crisis externa, sino la percepción de fractura interna. Por eso varios liderazgos han optado por la cautela. Imelda Castro parece haber encontrado un punto intermedio: hacerse presente sin acelerar disputas adelantadas rumbo al futuro político de Sinaloa.
Su perfil también juega un papel importante. A diferencia de otros cuadros surgidos desde coyunturas recientes, la senadora proviene de una izquierda más estructurada y con experiencia legislativa acumulada. Eso le permite moverse con prudencia en escenarios complejos.
El acto en Guasave dejó una señal clara: Morena busca reorganizarse sin exhibir divisiones, mantener operación territorial y transmitir gobernabilidad pese al contexto adverso.
Y en ese tablero, Imelda Castro parece apostar por una política menos estridente, pero constante. Porque en tiempos de crisis, muchas veces el liderazgo no se mide por quién habla más fuerte, sino por quién logra mantenerse vigente mientras todo alrededor cambia.
¿EN VEREMOS?
