Mario Zamora Gastélum llevó a la Cámara de Diputados una discusión que en Sinaloa ya no puede limitarse al número de detenidos, armas aseguradas o elementos federales desplegados. El legislador priista entregó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un diagnóstico sobre la violencia y tres propuestas que buscan modificar la manera en que se atiende y evalúa la crisis que enfrenta el estado.
El encuentro ocurrió durante la comparecencia privada del funcionario federal ante la Junta de Coordinación Política, como parte de la revisión del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. La entrega del documento y el anuncio de una próxima reunión fueron difundidos por el propio diputado. Lo que todavía no existe es una aceptación pública de las propuestas por parte de la Secretaría.
La diferencia es importante.
Zamora no planteó retirar a las fuerzas federales ni desconoció los operativos realizados. Su propuesta apunta a una dimensión distinta: que la presencia institucional pueda traducirse en condiciones verificables de seguridad, recuperación económica y tranquilidad para las familias.
Y ahí está el primer elemento de análisis.
La seguridad de Sinaloa ya no puede evaluarse exclusivamente desde los resultados policiales. También debe observarse desde sus consecuencias económicas y sociales.
El documento presentado por Zamora refiere 3 mil 956 homicidios dolosos, 12 mil 642 vehículos robados y 4 mil 522 denuncias por privación de la libertad entre septiembre de 2024 y octubre de 2026. Son cifras que el legislador incorpora a su diagnóstico y que requieren contrastarse con las series oficiales, pero permiten identificar la magnitud del problema que busca colocar en la agenda federal.
A ello suma la pérdida de empleos formales y registros patronales, además de una contracción económica durante el primer trimestre de 2026. Aquí conviene precisar algo: no toda pérdida de empleo puede atribuirse automáticamente a la inseguridad, porque también intervienen factores productivos, estacionales y económicos. Sin embargo, la violencia puede agravar esas condiciones cuando modifica horarios comerciales, interrumpe actividades o provoca desplazamientos.
La información económica disponible confirma que Sinaloa enfrentaba dificultades en su mercado laboral durante el primer trimestre del año, con una disminución de la población ocupada respecto al trimestre anterior. Esto aporta contexto a la preocupación expresada por el diputado, aunque no demuestra por sí solo una relación causal con cada hecho de violencia.
Pero el planteamiento político de Zamora va más allá de las estadísticas.
Su primera propuesta consiste en que el Gabinete de Seguridad Federal sesione periódicamente en Culiacán, Mazatlán y otras regiones afectadas. No sería solamente trasladar una reunión de la Ciudad de México a Sinaloa, sino acercar las decisiones a los territorios donde las condiciones cambian de un municipio a otro.
Porque la problemática de Culiacán no necesariamente tiene las mismas características que la de Mazatlán, y ambas presentan diferencias respecto de las comunidades serranas donde existen denuncias de desplazamiento y dificultades para acceder a servicios y protección institucional.
La segunda propuesta también merece atención: incorporar a las mesas de trabajo a madres buscadoras, familias desplazadas, empresarios, comerciantes, productores, pescadores, universidades y organizaciones civiles.
Ese planteamiento reconoce que la seguridad no es únicamente un asunto de corporaciones. Las víctimas y los sectores afectados tienen información sobre las consecuencias de la violencia que difícilmente puede obtenerse mediante estadísticas operativas.
Sin embargo, abrir espacios de participación implica también establecer mecanismos para proteger a quienes denuncian, evitar que las reuniones se conviertan en actos protocolarios y garantizar seguimiento a los compromisos.
La tercera propuesta es probablemente la que introduce el mayor desafío administrativo: establecer metas públicas y verificables por municipio.
Aquí aparece una discusión que debería interesar tanto al Gobierno federal como al estatal y a los ayuntamientos.
¿Cuánto ha disminuido el robo de vehículos? ¿Cuántas familias desplazadas han podido regresar en condiciones seguras? ¿Qué ocurre con los negocios que redujeron sus horarios? ¿Se recuperan los empleos? ¿Cuánto tiempo tarda la autoridad en responder a una emergencia?
No todos esos indicadores dependen exclusivamente de la Secretaría de Seguridad, pero juntos permitirían conocer mejor si las acciones institucionales están modificando la vida cotidiana.
También existe una lectura política que no debe perderse.
Mario Zamora pertenece al PRI y Omar García Harfuch forma parte del gobierno de Morena. En un escenario de confrontación partidista, el legislador eligió presentar propuestas concretas y ofrecer colaboración institucional. Eso no elimina las diferencias entre ambas fuerzas, pero coloca la discusión en un terreno donde los planteamientos pueden ser examinados por su contenido.
Para Zamora, el encuentro representa una oportunidad de dar seguimiento legislativo a un asunto central para Sinaloa. Para García Harfuch, significa recibir propuestas provenientes de una representación opositora que reconoce parte del esfuerzo federal, pero solicita mecanismos adicionales de evaluación y participación.
Ninguna de esas lecturas sustituye lo esencial: los resultados.
El propio diputado informó que habrá una segunda reunión. Será entonces cuando pueda conocerse si existe disposición para revisar formalmente las propuestas, qué dependencias participarían y cuáles podrían traducirse en compromisos concretos.
Porque entregar un diagnóstico abre una conversación, pero no modifica por sí mismo las condiciones de seguridad.
Y hay otro punto de fondo.
Sinaloa necesita coordinación entre instituciones, pero también claridad sobre las responsabilidades de cada una. La Federación tiene atribuciones específicas; el Gobierno del Estado y los municipios también. Una estrategia integral requiere distinguir esas obligaciones para evitar que las fallas se diluyan entre dependencias.
La propuesta de Zamora puede contribuir a esa discusión si logra pasar del documento a un mecanismo de seguimiento.
El movimiento político del diputado no está solamente en haber conseguido interlocución con Harfuch. Está en haber colocado sobre la mesa una pregunta que involucra a todos los niveles de gobierno: cómo demostrar que la estrategia de seguridad está recuperando, además del control territorial, la vida cotidiana y la actividad económica de Sinaloa.
Ahora falta conocer la respuesta institucional.
Porque la siguiente reunión podrá tener importancia política, pero lo verdaderamente relevante será determinar si produce compromisos, responsables y fechas.
Mario Zamora ya entregó sus propuestas. Omar García Harfuch las recibió. El siguiente capítulo no debería medirse por otra fotografía del encuentro, sino por lo que ambos puedan informar a los sinaloenses después de sentarse nuevamente a la mesa.
Y ahí estará la diferencia entre una gestión política y un resultado público.
DEDO EN EL RENGLÓN
El PRI de Sinaloa comienza a definir su postura rumbo a 2027. Su dirigente estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, abrió nuevamente la puerta a una alianza entre las fuerzas opositoras a Morena, con la intención de incorporar también a ciudadanos, organizaciones y sectores productivos.
El planteamiento tiene una lectura política importante. El priismo reconoce la necesidad de dialogar con otras fuerzas para construir una alternativa conjunta, pero todavía no existen acuerdos formales ni una definición sobre quiénes estarían dispuestos a participar.
Y ahí comienza el verdadero desafío.
Porque una cosa es coincidir en las críticas al gobierno y otra muy distinta construir una agenda compartida, definir candidaturas y conciliar los intereses de partidos que también buscan preservar su propia identidad.
El PRI habla de una alianza con la sociedad, un concepto que puede ampliar la discusión más allá de las dirigencias. Sin embargo, para que esa propuesta tenga contenido será necesario conocer qué mecanismos de participación ciudadana plantea y cuáles serían sus compromisos en seguridad, economía y desarrollo.
También habrá que observar la posición del PAN, Movimiento Ciudadano y el PAS, fuerzas con trayectorias y estrategias distintas, cuya eventual participación no puede darse por descontada.
Gerardo Lugo ya puso sobre la mesa la disposición del PRI para construir acuerdos. Ahora falta conocer quiénes están dispuestos a sentarse y bajo qué condiciones.
Porque rumbo a 2027, la oposición no solamente tendrá que discutir si camina unida, sino qué proyecto pretende construir y cómo resolverá sus diferencias.
Y esa conversación apenas comienza.
CERTEZA
La regularización de terrenos representa uno de los pendientes sociales más importantes para numerosas familias de San Ignacio. Por ello, la gestión del alcalde Luis Fernando Loaiza Bañuelos ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) tiene una dimensión que va más allá de los trámites administrativos.
El encuentro con el director general del organismo, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, permitió colocar sobre la mesa la situación de Barras de Piaxtla, Coyotitán, El Carmen y tres sectores de la cabecera municipal.
Hay una lectura importante. La certeza jurídica sobre la tierra no solamente protege el patrimonio familiar; también facilita el acceso a servicios, programas de vivienda y futuras inversiones, dependiendo de las condiciones legales de cada predio.
Loaiza está llevando una problemática municipal directamente a las instancias federales, una ruta institucional que puede contribuir a destrabar expedientes que durante años han representado incertidumbre para sus habitantes.
Sin embargo, todavía falta conocer cuántas familias podrían beneficiarse, cuáles son los obstáculos jurídicos y qué plazos contempla el INSUS.
La gestión abre una posibilidad. El verdadero avance llegará cuando las familias puedan recibir los documentos que acrediten legalmente su patrimonio.
CUENTA
La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, cumplió con la entrega formal de su Segundo Informe de Gobierno ante el Cabildo, pero será este viernes cuando presente públicamente los resultados de su administración ante los mazatlecos.
El acto tiene una doble dimensión. Por un lado, representa el ejercicio institucional de rendición de cuentas; por otro, abre un espacio para explicar las obras, programas y decisiones que han marcado su gestión.
Hay un elemento importante. Mazatlán enfrenta desafíos en seguridad, servicios públicos, infraestructura y desarrollo económico. Por ello, más allá del cumplimiento protocolario, el informe permitirá conocer qué avances presenta el Ayuntamiento y cuáles son los compromisos pendientes.
Para Estrella Palacios, la presentación representa también una oportunidad de exponer las prioridades de su gobierno y establecer una referencia sobre la cual los ciudadanos puedan evaluar los resultados.
El viernes no solamente se tratará de informar lo realizado, sino de explicar hacia dónde se dirige Mazatlán y qué falta por resolver.
Porque rendir cuentas es presentar resultados, pero también reconocer los desafíos que permanecen.
marcoantoniolizarraga@
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