Por años, los mochitenses hemos visto al Teatro Ingenio, al Centro de Innovación y Educación CIE y al Museo Trapiche como parte del patrimonio cultural y educativo de nuestra ciudad.
Ahí han estado nuestros hijos, nuestros artistas, las escuelas, los empresarios, las familias y prácticamente todos aquellos que alguna vez han asistido a un concierto, una conferencia, una exposición o una actividad educativa.
Por eso el anuncio de que estos tres espacios suspenderán operaciones a partir del 31 de agosto de 2026 no puede reducirse simplemente a decir que “el Gobierno dejó de dar dinero para la cultura”.
El asunto parece ser bastante más profundo, y sobre todo, merece explicaciones.
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero absolutamente válida cuando reveló públicamente que los organismos particulares encargados de administrar estos espacios han recibido durante años recursos provenientes del Gobierno del Estado y que, de acuerdo con su versión, no existe suficiente transparencia sobre su utilización.
Estamos hablando, según cifras mencionadas por el propio Gobierno estatal, de alrededor de 20 a 22 millones de pesos anuales destinados a estos recintos.
Entonces la pregunta resulta inevitable:
¿Dónde está el dinero?
Pero agregaría algunas más:
- ¿En qué se gastaron esos millones?
- ¿Cuánto se destinó verdaderamente a promoción cultural?
- ¿Cuánto a nómina?
- ¿Cuánto a mantenimiento?
- ¿Cuánto a administración?
- ¿Cuánto ingresó adicionalmente por renta de instalaciones, espectáculos, cursos, patrocinios, donativos y actividades realizadas dentro de estos espacios?
Y quizá una todavía más importante:
¿Por qué espacios levantados con una participación fundamental de recursos públicos terminaron dependiendo administrativamente de un organismo particular que, al mismo tiempo, necesita subsidios públicos millonarios para funcionar?
Ahí está el debate que Los Mochis debería estar teniendo.
No se trata de satanizar a la iniciativa privada. Al contrario. La participación empresarial y ciudadana ha sido fundamental para construir muchas de las instituciones culturales que hoy tiene nuestra ciudad.
Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP tiene además una historia de aproximadamente dos décadas trabajando en proyectos educativos y culturales de Los Mochis. El Teatro Ingenio, inaugurado en diciembre de 2016, ha sido administrado por esta institución y se convirtió en uno de los espacios culturales más importantes del noroeste del país, eso también debe reconocerse.
Pero una cosa es reconocer el trabajo realizado y otra muy distinta aceptar que cuando existe dinero público las cuentas puedan permanecer solamente dentro de un consejo administrativo.
El dinero público no tiene amigos, padrinos, empresarios ni colores políticos. Tiene dueños: los ciudadanos.
Y todo peso proveniente del erario debe poder seguirse desde que sale de las arcas gubernamentales hasta que termina convertido en una nómina, un espectáculo, mantenimiento, electricidad, programas educativos o infraestructura.
Ahora bien, también sería injusto presentar como culpable a la administración de estos espacios sin escuchar su versión.
La directora ejecutiva de Impulsora de la Cultura y de las Artes, Rosa Irma Peñuelas Castro, asegura exactamente lo contrario: sostiene que no existen recursos pendientes de comprobar, que la documentación correspondiente está disponible y que el Gobierno estatal no les había realizado anteriormente un requerimiento formal para revisar esas cuentas.
Además, afirma que el convenio para 2026 contemplaba aproximadamente 22 millones de pesos, pero que solamente habían recibido alrededor de 4.3 millones, una cantidad insuficiente según su versión para mantener funcionando los tres espacios y sostener cerca de 95 empleos.
Entonces tenemos dos historias completamente distintas.
- Para el Gobierno estatal existe falta de transparencia.
- Para quienes administran los espacios, las cuentas están comprobadas y lo que existe es falta de recursos.
Los Mochis no necesita una guerra política alrededor de la cultura, necesita una auditoría, transparencia y soluciones.
La otra pregunta: ¿por qué particulares?
También debemos atrevernos a revisar el modelo.
Durante muchos años se consideró positivo que consejos ciudadanos y organismos privados participaran en proyectos públicos. La lógica parecía razonable: combinar capacidad empresarial, filantropía, sociedad civil y recursos gubernamentales para crear instituciones más eficientes.
Pero el modelo necesita evaluarse.
Porque si un organismo particular administra instalaciones vinculadas al patrimonio público y depende todos los años de decenas de millones de pesos del Gobierno para sobrevivir, entonces debemos preguntarnos hasta dónde termina realmente lo privado y dónde comienza lo público.
No necesariamente está mal.
Existen instituciones de asistencia privada y organizaciones civiles en todo México que reciben recursos públicos y realizan un extraordinario trabajo social.
El problema no es recibir subsidios.
El problema aparece cuando la ciudadanía no puede conocer con claridad cuánto dinero se recibió, cómo se gastó, qué ingresos adicionales existieron, cuánto costó operar cada recinto y cuáles fueron los resultados obtenidos.
Por eso sería saludable que de esta crisis surgiera algo positivo.
Una revisión completa del modelo administrativo del CIE, Trapiche y Teatro Ingenio no solamente de 2026 sino de los últimos 5 años al menos donde se conozcan convenios, subsidios, aportaciones privadas, ingresos propios, nóminas, gastos de operación y resultados, no para emprender una cacería de brujas, sino para proteger estas instituciones.
Cerrar los recintos tampoco puede ser la solución
Ahora bien, la postura del Gobierno tampoco puede limitarse a decir: “no entregaremos más dinero hasta que aclaren”.
Porque al final quienes pagan las consecuencias no son únicamente los administradores sino también son los ciudadanos, los niños que acuden al Trapiche, los jóvenes que utilizan el CIE, los artistas que necesitan el Teatro Ingenio, etc.
Son aproximadamente 95 trabajadores que enfrentan la posibilidad de perder su fuente laboral y es una ciudad que ya tiene pocos espacios culturales para la demanda existente.
Desde meses atrás artistas locales incluso habían señalado dificultades para acceder al Teatro Ingenio por costos y disponibilidad, mientras el cierre del Teatro del IMSS incrementó todavía más la presión sobre los espacios disponibles.
Perder ahora simultáneamente el Teatro Ingenio, Trapiche y CIE sería un retroceso importante para Los Mochis.
Pero tampoco podemos cometer el error de defender su permanencia diciendo simplemente:
“Que Gobierno siga pagando”. No.
Que Gobierno apoye, pero que quien reciba dinero público RINDA CUENTAS.
Esa debería ser la discusión.
Los Mochis merece conocer la verdad
Quizá el conflicto que hoy parece amenazar con cerrar tres instituciones emblemáticas termine siendo la oportunidad para corregir un esquema que durante demasiado tiempo funcionó sin suficiente escrutinio ciudadano.
La gobernadora Yeraldine Bonilla tiene razón en una cosa fundamental:
- si existe dinero público, tiene que transparentarse.
Pero también tendrá una responsabilidad: si los administradores presentan las comprobaciones correspondientes, Gobierno del Estado deberá reconocerlo y buscar rápidamente una solución para evitar que estos espacios permanezcan cerrados.
Porque tampoco sería correcto utilizar la bandera de la transparencia para justificar un abandono presupuestal de la cultura.
La ciudadanía merece conocer ambas partes.
- Que se abra la contabilidad.
- Que se publiquen los convenios.
- Que sepamos cuánto dinero entregó el Estado.
- Que sepamos cuánto aportaron empresarios y fundaciones.
- Que conozcamos cuánto generaron los propios recintos.
- Que sepamos cuánto cuesta realmente mantenerlos funcionando.
Y después discutamos quién debe administrarlos.
- Puede ser Gobierno.
- Puede ser el municipio.
- Puede ser un organismo ciudadano.
- Puede incluso continuar un esquema mixto.
Pero cualquiera que sea la fórmula tendrá que construirse bajo una condición elemental:
cuentas claras.
Porque detrás de toda esta polémica existe una pregunta que ningún discurso político ni comunicado institucional ha logrado desaparecer:
¿dónde está el dinero y para qué se utilizó?
Responderla no debería molestar a nadie, por el contrario quien haya hecho correctamente las cosas encontrará en la transparencia su mejor defensa y si existieron irregularidades, también tendremos derecho a saberlo.
La cultura de Los Mochis merece ser defendida pero el dinero de los sinaloenses también.
Ni un Teatro Ingenio cerrado por decisiones políticas, ni millones de pesos públicos administrados sin explicación suficiente.
Soy Jaime Antonio Flores Urias
