Con la reforma aprobada se buscará combatir la corrupción, nepotismo y abuso sexual al interior de las dependencias del Poder Judicial de la Federación.
Con 94 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado avaló en lo general la iniciativa presidencial para expedir una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que combata la corrupción, nepotismo y abuso sexual al interior de las dependencias de dicho poder.
Con la nueva disposición, se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995.
Partidos de oposición criticaron que esa reforma concentra el poder en el presidente de la Suprema Corte en funciones, ya que le dejan el control de nombramientos, esto bajo la lógica de evitar la discrecionalidad en los nombramientos de magistrados y jueces.
“Afecta independencia de de jueces y magistrados”, sostuvo el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado.
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza manifestó que la reforma aprieta las tuercas a jueces y magistrados, justo en los momentos en que el presidente López Obrador “sale a dar cañonazos y batazos en contra de jueces que considera algo que no quiere que resuelvan”.
“Fortalece el control constitucional para jueces y magistrados en este fenómeno de apretar tuercas”, expuso.
Acción Nacional sostuvo que la reforma no modifica de fondo los problemas en el poder judicial, pero sí se aterrizan varios puntos importantes para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
Lo avalado fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y busca atacar problemas de corrupción, nepotismo y acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación.
Se establecen sanciones más altas, por ejemplo de hasta 20 años de inhabilitación a jueces y magistrados que incurran en nepotismo.
En el caso de hostigamiento y acoso sexual, se actualiza la causal de responsabilidad administrativa y las sanciones van desde suspensión del trabajador, sanción económica, hasta destitución e inhabilitación. Basta con que se lleve a cabo una conducta de naturaleza sexual sobre otra persona de su entorno laboral, sin consentimiento, para que se actualice la causal de responsabilidad administrativa, sin que sea necesario que deba acreditarse el elemento, con lo cual se pretende facilitar la sanción de la conducta.
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